El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, notificó esta semana al Congreso que su gobierno considera que el país mantiene un “conflicto armado” contra ciertos cárteles de la droga, a los que designó como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con un reporte de The New York Times.

El aviso, enviado a varios comités legislativos y obtenido por el medio, amplía la justificación legal de la Casa Blanca para sustentar tres ataques militares realizados en el mar Caribe el mes pasado. En esas operaciones, ordenadas por Trump, murieron 17 personas a bordo de las embarcaciones atacadas. Según el documento, dichas acciones deben ser consideradas legítimas en el marco de un conflicto armado y no como asesinatos extrajudiciales.

Especialistas citados por el Times explican que, bajo el derecho internacional, un país en conflicto armado puede legalmente eliminar combatientes enemigos aunque no representen una amenaza inmediata, detenerlos indefinidamente sin juicio y someterlos a tribunales militares.

La notificación al Congreso, considerada información sensible pero no clasificada, sostiene que los ataques forman parte de un enfrentamiento “activo y sostenido”, no de incidentes aislados de defensa propia.

“Con base en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra ciudadanos e intereses de Estados Unidos y naciones amigas, el presidente determinó que el país se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, señala el documento.

El texto también justifica un operativo reciente, ocurrido el 15 de septiembre, en el que fuerzas especiales estadounidenses hundieron un barco y mataron a tres tripulantes, descritos como “combatientes ilegales”. Según la evaluación de inteligencia, la embarcación estaba vinculada a una organización terrorista y transportaba drogas ilícitas que podían ser utilizadas para dañar a ciudadanos estadounidenses.

No obstante, la notificación no especifica qué cárteles forman parte de este supuesto conflicto ni los criterios que usa la administración para determinar los vínculos de los sospechosos con dichas organizaciones.

De acuerdo con AP, funcionarios del Pentágono no pudieron proporcionar a los legisladores una lista concreta de los grupos involucrados, lo que generó molestia entre algunos congresistas. La Casa Blanca, por su parte, no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.