En sesión extraordinaria, la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán con el objetivo de fortalecer la protección de víctimas y mejorar los mecanismos institucionales en materia de seguridad.

Con estas modificaciones se establece la Dirección de Medidas u Órdenes de Protección, Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, además de señalar como obligación de las instituciones policiales garantizar el derecho a una vida libre de violencia, especialmente para mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso del Estado, mediante el cual se reforman diversos artículos de la legislación mencionada. Entre los cambios aprobados destaca la sustitución del término “banco de datos” por “base de datos”, precisando que esta se integrará con la información generada por las instituciones de seguridad pública en el ámbito de sus respectivas competencias.

Asimismo, al considerar fundamental que la Secretaría de Seguridad Pública evalúe las condiciones de las personas imputadas dentro de un proceso penal y garantice la protección de las víctimas, las y los legisladores aprobaron renombrar la Dirección de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso, para quedar como Dirección de Medidas u Órdenes de Protección, Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso.

De igual forma, se estableció que tanto el Fiscal General del Estado como el Secretario de Seguridad Pública tendrán la atribución de garantizar, dentro de sus competencias, el cumplimiento, monitoreo y ejecución de las medidas u órdenes de protección.

El decreto también señala que los elementos de las instituciones policiales deberán brindar protección y auxilio inmediato a las personas que se encuentren en situación de peligro, así como a quienes hayan sido víctimas u ofendidos por algún delito, además de salvaguardar sus bienes y derechos.

Finalmente, se establece que la actuación de los cuerpos policiales deberá ser congruente, oportuna y proporcional al hecho, y que, tratándose de mujeres, adolescentes, niñas y niños víctimas, la atención, el auxilio, el resguardo y la protección se implementarán conforme a lo establecido en las leyes correspondientes.

El decreto fue aprobado por el Pleno con 27 votos a favor.