Luego de que se documentaran cobros excesivos de entre 50 mil y hasta 100 mil pesos —e incluso superiores— por concepto de arrastre y depósito vehicular, la Fiscalía General del Estado de Michoacán anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema regulatorio que fija tarifas promedio de entre 5 y 10 mil pesos.

El titular de la institución, Carlos Torres Piña, calificó la medida como un parteaguas institucional, al subrayar que por primera vez se establecen reglas claras y uniformes en esta materia.

“Por primera vez en esta institución se norma el arrastre y el resguardo vehicular, estableciendo lineamientos precisos para evitar abusos y garantizar que el servicio se brinde con mayor transparencia”, afirmó.

El Fiscal explicó que los costos aplicados anteriormente representaban una afectación directa para las familias, al grado de que en numerosos casos los propietarios optaban por abandonar sus unidades ante la imposibilidad de cubrir montos superiores al valor del propio vehículo.

“Hoy hay ciudadanos que prefieren dejar su vehículo porque les cobran más de lo que vale. Eso no puede seguir ocurriendo en un servicio vinculado a la procuración de justicia”, enfatizó.

El nuevo tabulador establece parámetros definidos conforme al tipo de servicio, la distancia recorrida y características específicas del traslado.

“El promedio que estipulamos en este nuevo tabulador, de acuerdo con el rango de función y el kilometraje, estará entre los 5 y 10 mil pesos, salvo que exista una distancia mayor u otra condición particular; pero ese será, en términos generales, el promedio que se estará cobrando”, precisó.

Asimismo, informó que en el transcurso de la semana se emitirán convocatorias públicas para que las empresas interesadas participen bajo lineamientos transparentes y reglas previamente definidas.

“Queremos un servicio regulado, transparente y sin abusos. Las empresas que deseen participar deberán ajustarse estrictamente a lo que establecen los lineamientos y la convocatoria”, concluyó.

Con esta acción, la Fiscalía avanza en la regulación de servicios sensibles, fortalece la transparencia institucional y sienta un precedente en la protección del patrimonio de las y los michoacanos.