“Ya basta de que los centros de atención a las adicciones no sean espacios seguros y, por el contrario, se conviertan en lugares de riesgo para nuestras infancias y juventudes”, afirmó el diputado del PRD, Octavio Ocampo, al presentar ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud de Michoacán para regular los centros de rehabilitación y evitar su infiltración por grupos del crimen organizado.

El legislador advirtió que en la entidad operan alrededor de 500 centros de rehabilitación, aunque solo una minoría cumple con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de salud. En el caso de Morelia, señaló que se han identificado 140 establecimientos, de los cuales menos de 50 cuentan con licencia municipal vigente y apenas unos 30 se han regularizado plenamente en los últimos tres años.

“La falta de una regulación efectiva ha generado un descontrol en la operación de estos lugares. No se garantiza un trato digno, ni alimentación adecuada, ni clasificación por edad o sexo; muchos ni siquiera cuentan con profesionales de la salud y funcionan de manera rudimentaria”, denunció.

Ocampo recordó que recientemente se han documentado casos de jóvenes que, tras su paso por centros de rehabilitación, han sido reclutados para participar en delitos de alto impacto, como homicidios y secuestros. “No podemos permitir que espacios creados para sanar terminen convertidos en centros de reclutamiento del crimen organizado”, enfatizó.

La propuesta legislativa contempla modificaciones a diez fracciones de la Ley de Salud y plantea que la Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Procuraduría de Protección de la Niñez, diseñe un programa especial de rehabilitación integral dirigido a este sector vulnerable.

Asimismo, propone la creación de un padrón estatal de centros públicos y privados, la implementación de mecanismos de control sanitario y la obligación de los ayuntamientos de informar a las jurisdicciones sanitarias sobre los establecimientos en funcionamiento. Esto permitiría calendarizar supervisiones periódicas con acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado.

El diputado subrayó que la problemática trasciende el ámbito sanitario y se convierte en un asunto de seguridad pública y derechos humanos. “La vulnerabilidad y baja autoestima de los pacientes es aprovechada por grupos delictivos que los reclutan, los entrenan y los involucran en actividades violentas a cambio de drogas”, lamentó.

El diagnóstico presentado también evidenció el incremento en el consumo de drogas sintéticas en el país. Las solicitudes de tratamiento por estimulantes tipo anfetamínico aumentaron del 9.5 por ciento en 2013 al 49.1 por ciento en 2023, convirtiéndose en la principal causa de ingreso a centros de atención en la mayoría de las entidades federativas.

“Es momento de poner un alto. Los centros de atención a las adicciones deben ser espacios de sanación y esperanza, no focos de riesgo ni de reclutamiento”, concluyó Ocampo, al exhortar a las autoridades estatales y municipales a garantizar atención digna, personal certificado y cero tolerancia a cualquier vínculo con el crimen organizado.