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Redacción / esteesMichoacan.com | Morelia, Michoacán:
El homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, reavivó la preocupación por la violencia en Michoacán al exponer nuevamente la presión del crimen organizado sobre los productores agrícolas, en especial del sector limonero.
De acuerdo con las investigaciones encabezadas por el fiscal estatal Carlos Torres Piña, los hechos ocurrieron entre el domingo 19 y el lunes 20 de octubre de 2025, dejando al descubierto una serie de movimientos que hoy permiten reconstruir las últimas horas del dirigente.
Domingo 19 de octubre, 11:00 horas.
Desde su domicilio en Morelia, Bernardo Bravo informó a su familia que viajaría a Apatzingán para reunirse con productores. Aseguró que pasaría por sus escoltas —personal de seguridad estatal asignado por las amenazas que había recibido— antes de salir rumbo a Tierra Caliente.
Entre las 11:00 y las 13:00 horas, Bravo abordó una camioneta blanca Volkswagen acompañado de al menos una persona, como confirmaron cámaras de videovigilancia instaladas en los arcos carreteros.
Alrededor del mediodía, el dirigente llegó al tianguis limonero de Apatzingán, donde tenía su oficina. Poco después descendió de la camioneta blanca y abordó una Toyota pickup gris de su propiedad. En ese momento decidió continuar solo, dejando atrás a sus escoltas.
A partir de ahí, según el fiscal, Bravo quedó sin protección oficial.
Entre las 14:00 y las 16:00 horas, el líder citrícola se dirigió a la comunidad de Cenobio Moreno, zona conocida por la presencia de grupos criminales. Las cámaras registraron que la camioneta blanca regresó a Apatzingán, mientras Bravo continuó su trayecto en solitario.
En ese lugar, habría sostenido una reunión con presuntos integrantes del crimen organizado. Los registros telefónicos obtenidos por la Fiscalía confirman que mantuvo varias llamadas desde esa comunidad, consideradas hoy pruebas clave en la investigación.
Entre las 21:00 y 21:40 horas, la Toyota gris fue captada de regreso hacia Apatzingán, avanzando hacia la zona rural de Loma de Hoyos. Ese fue el último registro visual del vehículo.
Todo indica que Bravo ya había sido asesinado entre la tarde y la noche del domingo, posiblemente en Cenobio Moreno o durante el trayecto de regreso.
El cuerpo fue hallado con golpes en la cabeza compatibles con cachazos de arma y un disparo calibre .38, que le causó la muerte. Además, carecía de teléfono y cartera.
La escena del crimen había sido manipulada: el cadáver fue colocado en el asiento del conductor, con el motor encendido, para simular que Bravo murió mientras conducía.
Los peritajes descartaron esa versión: el asesinato se habría cometido entre 10 y 12 horas antes del hallazgo.
Lunes 20 de octubre, 08:10 horas.
La Policía Municipal recibió el reporte de una camioneta Toyota gris encendida en un camino rural al sur de Apatzingán. En su interior se encontraba el cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez.
Entre las 09:00 y 10:00 horas, la Fiscalía estatal realizó el levantamiento del cuerpo y confirmó que el dirigente había muerto la noche anterior.
Horas después, las autoridades detuvieron a Rigoberto N., alias “El Plátano”, presunto responsable de la extorsión a citricultores y posible autor intelectual del asesinato.
Su captura se llevó a cabo durante un operativo conjunto en Apatzingán y Buenavista. El detenido portaba dinero en efectivo, marihuana y varios teléfonos móviles.
El crimen de Bernardo Bravo se suma a una trágica historia familiar. En 2016, su padre —también líder limonero— fue asesinado en circunstancias similares: tortura y homicidio.
Ambos casos reflejan el riesgo constante que enfrentan quienes encabezan denuncias contra la extorsión y los cobros de cuota en el sector agrícola.
Bravo había denunciado presiones del crimen organizado para manipular el precio del limón. En sus declaraciones públicas, advertía que las condiciones del mercado y el clima determinaban el costo, pero que los grupos delictivos pretendían imponer precios y cuotas ilegales.
Por ello, desde hacía más de un año contaba con escoltas y un vehículo blindado proporcionados por el gobierno estatal.
El asesinato provocó consternación nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y aseguró que el Gabinete de Seguridad respaldará las investigaciones “hasta dar con todos los responsables”.
El Gobierno de Michoacán y las autoridades municipales expresaron su solidaridad con la familia Bravo y con los productores del Valle de Apatzingán.
En la región persiste un clima de temor. Los citricultores aseguran que la presión proviene de grupos vinculados a Los Blancos de Troya, Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que mantienen esquemas de extorsión, cobro de cuotas y amenazas contra productores y dirigentes agrícolas.