Con el objetivo de proteger los derechos de las personas adultas mayores y con discapacidad, avanza en el Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa de reforma legal que busca tipificar como delito grave el uso indebido de las pensiones del Bienestar.

El diputado Hugo Rangel Vargas, del Partido del Trabajo, destacó que se trata de un paso importante en la defensa de este sector vulnerable y explicó que la propuesta cuenta con el respaldo de la diputada Anabet Franco Carrizales, de Morena, así como de un amplio apoyo legislativo. “Se espera que sea votada en la próxima sesión”, indicó.

La reforma propone modificar el artículo 215 del Código Penal del estado, estableciendo penas de entre seis y once años de prisión, multas de hasta 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), y la reparación del daño a quien, abusando de una relación de confianza, disponga sin autorización de los recursos económicos de personas adultas mayores o con discapacidad.

Asimismo, se plantea adicionar un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 88 de la Ley Orgánica Municipal, con la finalidad de que los ayuntamientos otorguen acompañamiento jurídico y asesoría legal a las víctimas de este tipo de violencia económica.

“Durante mis recorridos por diversos municipios cuando colaboré en la Secretaría del Bienestar, conocí múltiples casos, como el de una señora en la Meseta Purépecha, a quien su propio nieto le quitaba la mitad de su pensión bajo el pretexto de ‘ayudarla’ a retirarla”, relató Rangel Vargas. “Queremos erradicar estas prácticas que vulneran la dignidad de nuestros adultos mayores”.

Datos del DIF municipal de Morelia revelan que las denuncias por abuso económico contra personas mayores se han triplicado en los últimos dos años, pasando de cuatro a más de diez por mes. Muchas de estas quejas están relacionadas con el uso indebido de las tarjetas del Bienestar.

La Organización Mundial de la Salud reconoce esta forma de abuso como una modalidad de maltrato grave, con consecuencias severas en la salud, alimentación y bienestar emocional de las víctimas. “Proteger la pensión es proteger la dignidad. No más abusos disfrazados de ayuda. La vejez no puede seguir siendo sinónimo de abandono ni de explotación”, subrayó el legislador.

Rangel Vargas enfatizó que la pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, ya establecida en la Constitución, no es un obsequio ni una dádiva, sino un derecho adquirido por quienes han dedicado su vida al trabajo. En Michoacán, más de 588 mil personas mayores reciben este apoyo, que representa una inversión bimestral superior a 3,650 millones de pesos.

“No vamos a permitir que uno de los programas más nobles de la Cuarta Transformación sea utilizado por oportunistas. Esta reforma es un mensaje claro: quien abuse de un adulto mayor, enfrentará la ley. Así de claro”, concluyó.