Jessica quería una relación formal, la respuesta...
15,113 visitas
Redacción / esteesMichoacan.com | Morelia, Michoacán:
Una jueza federal citó al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, a comparecer el próximo 20 de agosto en la audiencia inicial donde la Fiscalía General de la República (FGR) lo imputará por diversos delitos relacionados con un presunto quebranto financiero.
De acuerdo con la investigación de la FGR, Aureoles será acusado de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, debido a un presunto daño al erario por 3 mil 412 millones de pesos. Este monto estaría vinculado con la compra a sobreprecio de cuarteles para la Guardia Civil en varios municipios del estado.
La audiencia fue programada por Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Reclusorio Oriente, quien también libró la orden de aprehensión en contra del exmandatario estatal. La notificación fue enviada a Jovita Vargas Alarcón, jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, quien previamente otorgó una suspensión provisional que impide la detención de Aureoles.
Como parte de las condiciones impuestas para mantener dicha suspensión, el exgobernador deberá presentarse a la audiencia programada. La jueza Vargas solicitó ser informada del resultado de la diligencia para verificar el cumplimiento de esta condición.
Por otro lado, la jueza Vargas rechazó las solicitudes presentadas por la FGR los días 7 y 8 de mayo para revocar la suspensión provisional. Señaló que no eran procedentes, ya que el imputado fue formalmente citado a comparecer el 20 de agosto a las 10:00 horas.
Asimismo, se informó que el abogado defensor de Aureoles depositó la garantía económica de 52 mil pesos, lo que mantiene vigente la medida cautelar que evita su detención por el momento.
Cabe recordar que en marzo pasado, cuatro excolaboradores de Silvano Aureoles fueron vinculados a proceso por su presunta participación en este caso. Según la FGR, tanto el exgobernador como sus exfuncionarios habrían causado un daño patrimonial por la compra irregular de instalaciones para la Guardia Civil en los municipios de Huetamo, Apatzingán, Coahuayana, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.