En un giro inesperado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) desbloqueó las cuentas bancarias de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga tras una resolución del Poder Judicial. Sin embargo, la pareja continúa en calidad de prófugos de la justicia y enfrenta acusaciones graves que no han sido descartadas.

A pesar de haber salido de la Lista de Personas Bloqueadas, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas las investigaciones en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado. Se les señala como presuntos líderes de una red que desvió cerca de 3 mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, utilizando empresas fantasma y contratos simulados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Corrupción y espionaje en Michoacán

Uno de los contratos ligados a Álvarez Puga tuvo impacto en Michoacán durante la administración de Silvano Aureoles Conejo. En 2017, el gobierno estatal firmó un contrato con Integra Software, una de las empresas del empresario chiapaneco, por un monto de 132 millones de dólares (aproximadamente 2,700 millones de pesos en ese momento).

Este contrato, avalado por el entonces secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza (hoy detenido por desfalco millonario), y otros funcionarios actualmente prófugos, tenía un propósito alarmante: crear un centro de espionaje en el estado. El documento establecía el monitoreo de direcciones IP, teléfonos celulares y tabletas en todo Michoacán, además de la instalación de terminales de vigilancia operativas 24/7.

Según revelaciones de la nueva administración estatal, este sistema de espionaje fue utilizado para vigilar a periodistas, empresarios y políticos.

Una fuga de años y un posible ajuste de cuentas

Desde 2021, cuando se giraron órdenes de aprehensión y la Interpol emitió fichas rojas en su contra, Gómez Mont y Álvarez Puga han logrado evadir a las autoridades en más de 190 países.

En septiembre de 2023, un grupo armado ingresó a la casa del cantante español Miguel Bosé en la Ciudad de México y sustrajo varios objetos de valor. De acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, el ataque no fue un robo común, sino un intento de captura contra Álvarez Puga. Supuestamente, el empresario debía fuertes sumas de dinero a políticos influyentes, quienes habrían ordenado el operativo para recuperar su dinero antes de que las autoridades lo detuvieran.

Aunque la pareja sigue fuera del radar, su situación legal sigue siendo delicada. El desbloqueo de sus cuentas no los libra de la justicia y el cerco en su contra continúa cerrándose.