Este lunes por la mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una ficha roja en contra del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien es buscado por la justicia debido a su presunta implicación en un desfalco millonario.

"La situación jurídica del exgobernador Silvano Aureoles la clarificó el fiscal general de la República, señalando que en este momento es considerado prófugo de la justicia por los delitos que se le imputan", declaró Ramírez Bedolla ante medios de comunicación.

Aureoles Conejo es señalado por su presunta participación en una red de corrupción que habría desviado más de 3 mil 412 millones de pesos mediante la adjudicación directa de contratos a la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V. De acuerdo con las investigaciones, estos recursos estaban destinados a la construcción de cuarteles policiacos en diversos municipios del estado.

El gobernador también informó que hasta el momento hay cuatro exfuncionarios detenidos por su relación con este caso y que, además de la ficha roja contra Aureoles, Interpol busca a otros implicados en la trama de corrupción.

Uno de los detenidos es Carlos “N”, exsecretario de Finanzas, quien recientemente obtuvo un amparo. Sin embargo, Ramírez Bedolla aseguró que esto no representa un obstáculo para el proceso legal. “Es lo que llamamos en el argot jurídico un ‘amparo patito’, porque no le otorga la libertad ni afecta la investigación”, afirmó.

Otros exfuncionarios que han sido arrestados incluyen a Antonio “N”, exsecretario de Seguridad Pública, así como a Elizabeth “N” y Mario “N”, exdelegados administrativos de la SSP.

Según las indagatorias, durante la administración de Aureoles se realizaron compras a sobreprecio de siete propiedades en Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Zitácuaro, las cuales serían utilizadas como cuarteles policiales. Sin embargo, la empresa beneficiada no pudo comprobar la propiedad de los terrenos y se detectaron contratos modificatorios de mantenimiento sin evidencia de los servicios prestados.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado este caso por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Como resultado, una jueza ha emitido órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios presuntamente involucrados en esta red de corrupción.

El caso sigue en desarrollo y se espera que en los próximos días haya más avances en las investigaciones.