En preparación para la implementación de la reforma judicial, el Consejo del Poder Judicial de Michoacán ha emitido un acuerdo clave para definir los requerimientos materiales, tecnológicos y humanos necesarios para la creación del Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, así como para la instalación de salas unitarias y regionales colegiadas en distintas partes del estado.

A pesar de que el presupuesto aprobado para 2025 no contempla recursos específicos para la habilitación de estos espacios, el Consejo ha determinado que es urgente dar inicio a las acciones necesarias, dado que los nuevos organismos comenzarán a operar a partir del 15 de septiembre de 2025.

Distribución de salas y recursos necesarios

El acuerdo establece la instalación de salas colegiadas en materia civil con un total de 24 magistraturas, distribuidas en las regiones de Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Además, se asignarán 8 magistraturas para salas unitarias en materia penal en las mismas sedes. Para su funcionamiento, se prevé la contratación de 211 personas y la adecuación de espacios en Morelia, así como el arrendamiento de inmuebles en las otras seis regiones.

En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, este se ubicará en el Antiguo Palacio de Justicia y contará con 5 magistraturas y un equipo de 15 personas. Por su parte, el Órgano de Administración Judicial tendrá sede en el Palacio de Justicia José María Morelos, donde se requerirán 5 espacios adicionales y 17 trabajadores, además de albergar las salas de la región Morelia.

Comisiones y ampliación presupuestal

Para garantizar la correcta implementación de estas medidas, el Consejo del Poder Judicial ha creado comisiones especializadas, integradas por consejeros y el secretario de administración, quienes estarán a cargo de la localización y contratación de inmuebles. Asimismo, se ha instruido al secretario de administración para evaluar y estimar los recursos materiales, tecnológicos y humanos que serán necesarios, con el objetivo de solicitar una ampliación presupuestal que permita concretar estos cambios fundamentales para el sistema de justicia en Michoacán.

Con estas acciones, el Poder Judicial del estado avanza en la transformación de su estructura, asegurando un mejor funcionamiento de la administración de justicia y alineándose a los nuevos retos que implica la reforma judicial.