Un juez de distrito en Michoacán concedió una suspensión definitiva a un grupo de jornaleros, instruyendo al gobierno federal y estatal a tomar medidas urgentes para ubicar y eliminar las minas terrestres colocadas por el crimen organizado en la región. Además, la resolución exige evitar el desplazamiento forzado de los habitantes afectados.

Los trabajadores promovieron el recurso ante el Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, denunciando la inacción de las autoridades ante la proliferación de las llamadas “narcominas”, lo que pone en riesgo su derecho a la vida y al trabajo en condiciones seguras.

El juez Sergio Santamaría Chamú instó a la presidencia de la República a considerar la posibilidad de solicitar asistencia internacional, a través de la ONU u otros organismos especializados, para desarrollar un programa nacional de desminado.

En su resolución, el juez destacó que ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Fiscalía General del Estado, ni el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla han demostrado la existencia de una estrategia coordinada para atender esta crisis. Tampoco han presentado pruebas de acciones concretas para localizar, desactivar y destruir los artefactos explosivos en la región de Tierra Caliente.

Además, el juez señaló que, aunque la Fiscalía de Michoacán ha mencionado la apertura de algunas carpetas de investigación y la emisión de solicitudes formales a la zona militar, no ha proporcionado documentación que respalde dichas acciones. Esta falta de respuesta efectiva compromete gravemente la seguridad y la integridad de los habitantes de la zona.

Con esta decisión judicial, se abre un nuevo frente en la lucha por la seguridad en Michoacán, en un contexto donde las comunidades siguen enfrentando amenazas constantes por parte de grupos delictivos. Ahora, la expectativa recae en la respuesta que brinden las autoridades ante esta orden judicial.