Tras más de 21 horas de audiencia, la jueza Patricia Sánchez Nava determinó la vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios del gobierno de Michoacán, señalados por su presunta participación en el desvío de 3,412 millones de pesos destinados a la construcción de siete cuarteles policiales en el estado.

Los implicados son Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP; y Antonio Bernal Bustamante, extitular de la misma dependencia. Todos enfrentarán cargos por administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y asociación delictuosa.

Prisión preventiva y más implicados en el caso

La jueza negó la posibilidad de que Mario Delgado y Antonio Bernal lleven su proceso en libertad, argumentando que no cuentan con un domicilio fijo. Por su parte, la defensa de Elizabeth Villegas inicialmente solicitó el cambio de medida cautelar, pero finalmente desistió de la petición.

Este caso, impulsado por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), también involucra al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo (2015-2021), contra quien ya pesa una orden de aprehensión junto con otros siete excolaboradores.

Exfuncionarios prófugos y contratos irregulares

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) ha logrado detener a cuatro de los implicados, mientras que Aureoles Conejo y otros tres exfuncionarios siguen prófugos desde el pasado sábado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que la investigación se centra en contratos irregulares de arrendamiento y compra de inmuebles utilizados para los cuarteles de policía en Apatzingán, Coalcomán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro.

Entre las irregularidades detectadas, se destacó que los cuarteles fueron arrendados por períodos mínimos de 56 meses y que la empresa Inmobiliaria DYF obtuvo el contrato por adjudicación directa, a pesar de haber sido creada el mismo año en que se planeó la construcción de las instalaciones.

Además, se comprobó que los terrenos fueron adquiridos a bajo costo después de la firma de los contratos de arrendamiento y que el gobierno de Aureoles pagó sobreprecios millonarios en cada cuartel. Entre los montos más altos destacan:

• Apatzingán: 76 millones de pesos
• Huetamo: 37.4 millones
• Jiquilpan: 90.4 millones
• Lázaro Cárdenas: 163.4 millones
• Uruapan: 64.2 millones
• Coalcomán: 116 millones
• Zitácuaro: 103.8 millones

Defensas y bloqueos a la investigación

Durante la audiencia, la defensa de Carlos Maldonado intentó argumentar que su firma en los contratos fue falsificada y que él no autorizó las transferencias de recursos. Sin embargo, el Ministerio Público evidenció que sus abogados han bloqueado la realización de un peritaje por parte de la FGR, por lo que esta situación deberá esclarecerse en la fase complementaria de la investigación.

Con estas detenciones, el caso sigue avanzando, mientras las autoridades buscan dar con el paradero de los prófugos y esclarecer la red de corrupción que operó durante el sexenio de Aureoles Conejo.