La entrega de Rafael Caro Quintero y otros 28 líderes de cárteles a Estados Unidos no se realizó bajo el mecanismo de extradición tradicional, sino en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, de acuerdo con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. En su intervención, Gertz Manero subrayó que no se aplicaría la pena de muerte a los detenidos, ya que dicha sanción no está contemplada en la legislación mexicana.

“El Departamento de Estado no define las penas, eso lo determinan los jueces. Tenemos un acuerdo claro en cuanto a que la legislación mexicana, que no prevé la pena de muerte, debe ser respetada por los países con los que tenemos acuerdos”, explicó el fiscal.

En una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, Gertz Manero detalló que el gobierno de Estados Unidos solicitó el traslado de cabecillas de varios de los cárteles más notorios del país, entre ellos los de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Juárez, Los Zetas y la Familia Michoacana. Según el fiscal, muchos de estos capos llevaban años evadiendo el proceso, por lo que el tiempo para lograr el traslado fue extenso, superando los 11 años en algunos casos.

“Este traslado se enmarca dentro de una opción jurídica viable en México, la cual Estados Unidos aprovechó. Es una herramienta crucial para esclarecer responsabilidades, especialmente en lo relativo a la crisis del fentanilo”, comentó Gertz Manero. Además, reafirmó el compromiso del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado y en el cumplimiento de acuerdos internacionales, dejando claro que no se protegen a delincuentes vinculados con actividades ilícitas a nivel global.

El traslado de los 29 capos, de alto y medio rango, se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Fueron escoltados por fuerzas del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con un despliegue que incluyó 3 mil 512 efectivos, 342 vehículos y 20 aeronaves.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que la operación involucró a varias instituciones del gobierno mexicano, como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, y la Fiscalía General de la República. El traslado se efectuó desde las instalaciones militares de Santa Lucía, en el Estado de México, en ocho aeronaves, de las cuales cinco fueron proporcionadas por la Secretaría de Defensa Nacional y tres por la Secretaría de Marina. El destino final fueron diversas ciudades en Estados Unidos.