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Redacción / esteesMichoacan.com | Morelia, Michoacán:
El debate sobre la posible clasificación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas volvió a ser tema de discusión tras la orden ejecutiva de Donald Trump. Aunque la medida genera polémica, refleja una visión distorsionada de la compleja dinámica del crimen organizado en México, una realidad que va mucho más allá de las tácticas violentas. En este artículo, abordamos por qué tal clasificación no solo es conceptualmente errónea, sino que también resulta contraproducente en términos de seguridad y de las relaciones bilaterales entre ambos países.
Motivaciones: ideología frente a acumulación de riqueza
A diferencia de los grupos terroristas, que suelen estar impulsados por agendas ideológicas, políticas o religiosas orientadas a subvertir el orden social o tomar el control del Estado, los cárteles tienen un objetivo claro: la acumulación de riqueza. Su modus operandi se basa en actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, sin ningún interés por derrocar al gobierno, sino por coexistir con él, aprovechándose de sus debilidades y corrupción.
Relación con la población civil
Mientras que los grupos terroristas emplean a la población civil como herramientas para avanzar en sus objetivos mediante el miedo y la manipulación, los cárteles interactúan con los civiles de manera pragmática. Estos grupos a menudo recurren a la cooptación y la negociación, llegando incluso a proporcionar servicios básicos en áreas donde el Estado ha fallado. Esta relación refleja más las falencias del sistema que un respaldo genuino a las actividades criminales.
Narrativas simplistas y sus riesgos
La clasificación de los cárteles como grupos terroristas lleva a una comprensión reduccionista de la situación, ignorando las dinámicas complejas que caracterizan al crimen organizado en México. Este tipo de visión distorsionada es evidente en la manera en que la cultura popular, a través de producciones como la película Emilia Pérez, trivializa el sufrimiento y las realidades de la violencia en el país, alimentando estereotipos y consolidando narrativas erróneas.
Impacto en las políticas públicas
El enfoque simplificado también tiene repercusiones en las decisiones políticas. En lugar de implementar soluciones que aborden las causas estructurales de la violencia, se priorizan medidas que se centran en la militarización y el control. Sin embargo, la respuesta armada ha demostrado ser ineficaz para resolver problemas fundamentales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, que son el verdadero caldo de cultivo para el crimen organizado.
Clasificar a los cárteles como terroristas podría justificar un enfoque aún más militarizado en las políticas de seguridad, lo que podría aumentar la violencia en lugar de disminuirla. De hecho, la militarización ha demostrado ser incapaz de resolver los problemas estructurales subyacentes, lo que podría incrementar el costo humano de la violencia, afectando principalmente a las comunidades más vulnerables.
A diferencia de los grupos terroristas, que buscan destruir al Estado, los cárteles han aprendido a coexistir con él. Esto se refleja en prácticas como la corrupción de funcionarios para facilitar sus operaciones y la captura de instituciones clave que les permiten operar con total impunidad.
Fortalecimiento del Estado de derecho
Una de las principales causas de la violencia en México es la impunidad. Para abordar este problema, es urgente reformar el sistema judicial y garantizar el acceso a la justicia.
Inversión en desarrollo social
El crimen organizado prospera en entornos de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Implementar políticas que mejoren el acceso a la educación, la salud y el empleo podría contribuir significativamente a reducir las bases sociales que alimentan el narcotráfico.
Cooperación internacional con comprensión mutua
En lugar de adoptar políticas simplistas, es fundamental que los socios internacionales, como Estados Unidos, comprendan las complejidades del problema y trabajen en estrategias conjuntas que aborden las causas profundas del fenómeno.
El debate sobre si los cárteles mexicanos deben ser considerados grupos terroristas pone en evidencia una desconexión entre las narrativas internacionales y la realidad mexicana. Más allá de la retórica, es crucial replantear las políticas de seguridad desde un enfoque integral que considere las raíces sociales, económicas y políticas de la violencia. Las decisiones basadas en errores conceptuales no solo perpetúan la crisis, sino que alejan a México de un futuro donde el Estado de derecho y la seguridad sean una realidad para todos.