MORELIA, Mich., 24 de abril de 2024.- Para evitar interpretaciones, vacíos de poder y hasta venganzas personales, cuando un diputado pide licencia para separarse del cargo, la diputada Adriana Hernández presentó una iniciativa para dar certeza al procedimiento. Luego de que las licencias de los diputados se manejaron a discreción de los integrantes de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, de Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la legisladora registró en la Mesa Directiva su propuesta. La iniciativa es para reformar la fracción XXIV del artículo 44 de la Constitución Política del estado, la cual consistiría en que el legislador que piense ausentarse del cargo únicamente lo hará del conocimiento del Congreso, debiendo señalar en todo momento el tiempo de la separación, sin que sea necesaria la emisión de un dictamen o la votación del Pleno a fin de surta sus efectos tal petición, por lo que su suplente será llamando de inmediato para la toma de protesta correspondiente. La aprobación de tal iniciativa no supondría un demérito en las facultades del Congreso, sino una medida preventiva a fin de evitar trámites innecesarios o la comisión de revanchas en contra de adversarios políticos a los cuales se pretenda frenar en sus aspiraciones para ocupar un cargo distinto, situación ésta última que, en todo caso, corresponde decidir a los electores conforme las reglas que rigen a la competencia política, señala la legisladora. En su exposición de motivos, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que es una prerrogativa de los diputados ausentarse del cargo, siempre y cuando medie una licencia, que éstas serán dictaminadas por una comisión ordinaria y sometidas a la consideración del Pleno, así como también que éstas pueden ser con goce de sueldo. A pesar de que tal aserto suena simple en el papel y que la mayoría de estas solicitudes se acuerdan de forma afirmativa, lo cierto es que tal construcción legal permite la posibilidad de que las licencias sean negadas sin que medie justificación suficiente para ello, lo que podría dar paso a venganzas políticas que trunquen carreras o impidan la libre competencia política, reitera.