CIUDAD DE MÉXICO, 18 de febrero de 2024.- Los proyectos estratégicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en 2022, contribuyeron a reincorporar a la actividad productiva del campo a más de 44 mil 500 productores de pequeña escala, quienes se encontraban en situación de vulnerabilidad o habitan en zonas áridas, de alta marginación, en comunidades indígenas o en regiones de pueblos desplazados o afectados por fenómenos climáticos, como sequía. Por medio de un comunicado de prensa, estos proyectos también se aplicaron en el marco de los planes de justicia del Gobierno de México, establecidos interinstitucionalmente para el desarrollo de los pueblos originarios. Entre los beneficiarios de estas acciones se encuentran productores de los pueblos yaqui, en Sonora, y de Tierra Caliente, en Michoacán, así como agricultores de cultivos básicos, como frijol, en Zacatecas, y de café, en la Montaña del estado de Guerrero, entre otros, informó la Secretaría de Agricultura. Indicó que entre los esquemas aplicados se encuentra el acompañamiento técnico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) a productores de pequeña escala de los pueblos yaqui para el desarrollo agrícola en el cultivo de trigo y otras alternativas de siembra de ciclo corto y menor demanda de agua, como oleaginosas y forrajes perennes. Informó que a través de la Comisión Nacional de Zonas Áridas (Conaza), y en coordinación con gobiernos estatales y la Fuerza Aérea Mexicana, ejecutó de manera exitosa el proyecto de Estimulación de lluvias en estados del norte del país –Sonora, Sinaloa y Tamaulipas, entre otros– con regiones bajo estrés hídrico, para mitigar los efectos por sequía, contribuir al llenado de presas para riego agrícola y recuperación de praderas. Con la Conaza, además, se establecieron parcelas de lotes semilleros de nopal forrajero sin espinas en beneficio de pequeños ganaderos en diferentes entidades y regiones, como Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Veracruz, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; todas estas acciones estuvieron alineadas a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y a los del Programa Sectorial. Entre el INIFAP y el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas (SNICS) –bienes públicos de la Secretaría de Agricultura– en el estado de Zacatecas se realizó la entrega de semilla de frijol certificado, esquema que también se aplicó en otras entidades productoras afectadas por la sequía, con lo que se garantizó a los beneficiarios su incremento productivo, la recuperación de la pureza varietal y vigor genético para mayor resistencia a la sequía y abonar a la autosuficiencia alimentaria en este grano. Agricultura indicó que otras líneas de acción se orientaron a la recuperación de la capacidad productiva de pueblos desplazados en Tierra Caliente y de plantaciones de plátano afectadas por imponderables climatológicos; a estas últimas, se les respaldó con infraestructura y equipamiento para empezar a sustituir harina de trigo panificable importado por harina de plátano nacional –más saludable y nutritiva–, proveniente de zonas aledañas a los plantíos, bajo un enfoque en bioeconomía y recuperación de las cadenas productivas en la etapa pospandemia. Igualmente, se apoyó el fortalecimiento de la calidad del café mexicano y su promoción comercial y la reactivación de la capacidad productiva de pequeños productores de plantas y flores ornamentales, cuya cadena productiva fue de las más afectadas por el confinamiento. Se aplicaron también acciones y se impulsó el compromiso del país para mantener y fortalecer la sustentabilidad de la viña y el vino, ante el cambio climático, y el plan pos Covid-19. En Jalisco, se actuó para lograr la recuperación productiva del chile de árbol Yahualica, como parte del plan de justicia integral para los pueblos y comunidades afectadas por la construcción de la presa el Zapotillo. Las acciones ejecutadas permitieron asegurar el buen funcionamiento de las cadenas productivas del sector agroalimentario y cumplir con el mandato del Consejo de Salubridad General en este sentido, para contribuir a garantizar la producción y abasto asequible de alimentos y productos de base agropecuaria a la población, sin distinción alguna. Cabe señalar que estos proyectos se llevaron a cabo con recursos provenientes de economías de la propia dependencia, es decir, se cumplió con el objetivo de “hacer más con menos”, y están sujetos a mecanismos de control y seguimiento operativo, de la mano de los órganos que vigilan el correcto cumplimiento presupuestal y de rendición de cuentas.