MORELIA, Mich., 8 de agosto de 2023.- Además de bajos salarios y sobrecarga de trabajo, los defensores públicos sufren de amenazas y hostigamiento, al grado de que una abogada está en el exilio, reconoció el director del Instituto de Defensoría Pública, Felipe Morales. Hasta ahora tienen cuatro denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por las amenazas que sufren cuando atienden asuntos de alto impacto, razón por la que están en constante rotación lo cual, además, sirve para evitar malas prácticas y actos de corrupción. Aceptó el funcionario estatal que incluso tienen una denuncia contra un defensor público por haber incurrido en este tipo de faltas ya que el esquema de trabajo que había anteriormente permitía que prácticamente fueran los ministerios públicos los que les asignaban los casos. Era común que los ministerios públicos, al tener un detenido le pedían 100 mil pesos para evitar ser presentados ante un juez o ser trasladados a Morelia y llamaban al defensor público para que se hiciera cargo. Morales aseguró que este esquema ya se rompió y ahora los asuntos se asignan por rol y los defensores públicos tienen la instrucción de agotar las 48 horas que tiene el Ministerio Público para presentar al detenido ante un juez o para liberarlo. Morales defendió la institución que dirige, de la que dijo pasó de ser Defensoría de Oficio a Defensoría Pública, pero no fue solo un cambio de nombre sino de prácticas, capacitación y profesionalización del personal. Actualmente, cuentan con 163 abogados defensores públicos que atienden en promedio 35 asuntos mensualmente y perciben un salario de 26 mil pesos al mes, indicó.