El diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, mantiene mesas de trabajo técnicas y permanentes con colectivos de la comunidad LGBTIQ+ en Michoacán, como parte de una estrategia de parlamento abierto orientada a fortalecer el marco jurídico y garantizar derechos para un sector históricamente vulnerado.

En estos encuentros, organizaciones de la sociedad civil han participado activamente en la construcción de una iniciativa legislativa que busca tipificar delitos relacionados con actos de discriminación y violencia motivados por la orientación sexual, identidad y expresión de género. Uno de los ejes centrales de la propuesta es la prohibición de los llamados “Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (ECOSIG), conocidos como terapias de conversión.

El proyecto, resultado del diálogo entre legisladores y colectivos, ya se encuentra concluido y será presentado ante el pleno del Congreso del Estado durante la presente semana.

La iniciativa contempla sanciones de dos a seis años de prisión, así como multas de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Además, establece penas más severas —de cuatro a doce años de prisión y multas de hasta cuatro mil UMAs— cuando estas prácticas se realicen contra personas menores de edad, adultas mayores, personas con discapacidad o quienes no puedan comprender el hecho.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género 2021, aunque estas prácticas ya están prohibidas en distintos marcos legales, continúan registrándose en el país. Se estima que el 9.8% de las personas no heterosexuales y el 13.9% de las personas trans han sido obligadas a acudir con profesionales de la salud, autoridades religiosas u otras figuras con el objetivo de modificar su orientación sexual o identidad de género, lo que representa una grave violación a sus derechos humanos.

En este contexto, las organizaciones participantes también han propuesto la implementación de un Plan de Aceptación Familiar como política pública estatal, con el fin de brindar acompañamiento y orientación a las familias de jóvenes de la diversidad sexo-genérica, reconociendo que la aceptación en el entorno familiar es clave para el bienestar y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

Estas mesas de trabajo cuentan con el respaldo de colectivos que durante años han impulsado la defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Michoacán, consolidando una agenda legislativa que avanza del diálogo a la acción y que esta semana podría dar un paso decisivo en el Congreso local.