En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen promovido por la diputada Sandra Arreola Ruiz, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mediante el cual se reconoce el derecho de niñas, adolescentes y mujeres menstruantes a no recibir sanciones académicas cuando padezcan dismenorrea, condición que puede impedirles asistir a clases debido al dolor menstrual severo.

Durante la discusión del dictamen, la legisladora destacó que el acceso a la educación debe garantizarse en condiciones dignas y equitativas, considerando las realidades físicas y emocionales de las estudiantes. Señaló que no basta con permitir el ingreso a las aulas, sino que también es necesario asegurar la permanencia y el aprendizaje en un entorno que contemple las condiciones de salud de las alumnas.

Arreola Ruiz explicó que, aunque la menstruación es un proceso biológico natural, muchas mujeres enfrentan síntomas incapacitantes como cólicos intensos, fatiga, náuseas, dolores de cabeza y otras afectaciones que dificultan su desempeño escolar. Sin embargo, la falta de reconocimiento legal de esta situación ha provocado que numerosas estudiantes deban elegir entre asistir a clases con malestar extremo o ausentarse y enfrentar consecuencias académicas.

La diputada respaldó la iniciativa con cifras que reflejan la magnitud del problema: cerca del 79 por ciento de las estudiantes universitarias en México padecen dismenorrea y más de un tercio ha faltado a clases al menos una vez debido al dolor menstrual. Además, recordó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce que esta condición puede generar incapacidad funcional temporal.

“Reconocer el derecho a una menstruación digna implica también evitar que las estudiantes sean castigadas por una condición de salud legítima”, expresó la legisladora, al subrayar que el objetivo es construir un sistema educativo más humano, empático e incluyente.

Al emitir su voto a favor, Sandra Arreola Ruiz reiteró que esta reforma busca que ninguna estudiante tenga que elegir entre cuidar su salud o proteger su desempeño académico, además de visibilizar desigualdades históricamente normalizadas dentro del ámbito educativo.

El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su aplicación en las instituciones educativas de la entidad.