La médica Andrea Guadalupe Ochoa advirtió que en Michoacán cerca de 130 mil personas presentan alguna condición dentro del espectro autista, es decir, una de cada 31, según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos. Señaló que esta población enfrenta múltiples formas de discriminación, exclusión y violencia institucional en los ámbitos educativo, médico, laboral y deportivo.

Durante su exposición ante el Congreso del Estado, al presentar la iniciativa de Ley del Autismo, la especialista sostuvo que el Estado mexicano mantiene una omisión estructural frente a las personas con autismo, quienes viven un recorrido constante de exclusión “desde la detección tardía hasta la falta de escuelas que los acepten o empresas que los contraten”.

Ochoa explicó que muchas escuelas, tanto públicas como privadas, solo aceptan un estudiante con autismo por grupo o incluso por plantel, y condicionan la matrícula a entrevistas o pruebas de comportamiento. Además, exigen la contratación de una “maestra sombra” particular, cuyo salario oscila entre 7 mil y 9 mil pesos mensuales, gasto que recae en las familias.

A esta carga económica se suman las terapias especializadas, que pueden superar los 12 mil pesos mensuales, y los diagnósticos clínicos tempranos, cuyo costo ronda los 8 mil pesos cuando se realizan de forma privada. “No existen espacios públicos gratuitos para diagnóstico ni programas suficientes de detección temprana”, lamentó, pese a que antes de los seis años el cerebro infantil mantiene su mayor plasticidad.

La especialista recordó que el Centro de Autismo del DIF estatal es el único espacio público especializado en Michoacán, pero solo brinda atención por un periodo máximo de dos años y medio, lo cual calificó como insuficiente. También cuestionó la falta de regulación en los métodos terapéuticos, como el enfoque ABA, que —advirtió— puede generar traumas complejos en algunos menores.

En el ámbito laboral y deportivo, señaló que no existen programas de inclusión ni adecuaciones adecuadas. Relató el caso de un menor autista rechazado en el Centro Deportivo Venustiano Carranza por “no seguir instrucciones”, a pesar de que sabía nadar.

Desde el sector médico, criticó que muchos profesionales de la salud continúan tratando el autismo como una enfermedad. “En la formación médica ni siquiera se menciona la palabra autismo”, denunció, al tiempo que advirtió sobre casos de medicación innecesaria que ponen en riesgo la salud de los niños.

Ochoa subrayó que el autismo debe entenderse como una condición neurodiversa, parte de la variabilidad humana, y no como una patología. Citó a los especialistas Ernesto Reaño y John Sinclair, quienes sostienen que “tener lástima por un autista es expropiarle su dignidad”, y llamó a construir políticas públicas no por ellos ni en su lugar, sino con ellos.

Entre sus propuestas, destacó la necesidad de implementar programas de apoyo psicológico para las familias, capacitación obligatoria para personal docente, médico y judicial, y acuerdos con empresas michoacanas que promuevan la inclusión laboral.

“La ignorancia es la fuente del capacitismo. Urge educar a la sociedad y reconocer que esos niños serán adultos; ¿qué será de ellos si no hay espacios para estudiar ni trabajar?”, cuestionó.

Con más de 130 mil michoacanos dentro del espectro autista, la especialista cerró su intervención con un llamado a legislar para reconocer la neurodiversidad, combatir el capacitismo y garantizar apoyos permanentes y gratuitos a las familias.