A dos años de que fuera hallado sin vida el activista Eustacio Alcalá Díaz, conocido como “Tacho”, en una zona cerril cerca de la comunidad de San Juan Huizontla, en el municipio de Chinicuila, sus familiares, amigos y la sociedad civil continúan exigiendo justicia. Eustacio, defensor comunitario del medio ambiente y de la comunidad nahua de San Juan Huizontla, siempre luchó por alzar la voz en contra de la creciente inseguridad y el saqueo de recursos naturales por parte de empresas mineras en la Sierra Costa de Michoacán.

Este lunes, familiares y amigos de Eustacio, junto con el colectivo "Red Solidaria", se congregaron en el corazón de la capital michoacana para manifestarse, denunciando la falta de avances en las investigaciones que deberían esclarecer su asesinato. Durante la protesta, se destacó la indiferencia de las autoridades de justicia, que aún no han logrado esclarecer los hechos ni dar con los responsables.

Eustacio Alcalá, conocido por su incansable trabajo en la defensa del territorio y los derechos de su comunidad, desapareció en marzo de 2023, cuando se trasladaba en su camioneta junto con cuatro personas más desde Querétaro hacia San Juan Huizontla. En su trayecto, fueron interceptados por un grupo armado, del cual nunca más se tuvo noticia hasta que su cuerpo fue encontrado días después en un paraje solitario.

En 2022, Alcalá y los pobladores de San Juan Huizontla lograron una importante victoria legal al ganar un amparo tras tres años de litigio. Este amparo obligó la cancelación de una concesión minera que había sido otorgada a una empresa sin haber realizado la consulta previa con la comunidad, un derecho fundamental bajo las normativas nacionales e internacionales.

El asesinato de Eustacio Alcalá sigue siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y los recursos naturales frente a las industrias extractivas. La falta de justicia y el silencio de las autoridades no han detenido la lucha de la comunidad, que sigue exigiendo que se haga justicia y que se garantice la seguridad de los defensores de derechos humanos en Michoacán y en todo el país.