El gobierno de Estados Unidos implementará un registro obligatorio para todas las personas que se encuentren en el país de manera ilegal, según anunciaron funcionarios del Departamento de Seguridad Interior (DHS) el pasado martes. Aquellos que no se registren de forma voluntaria podrán enfrentar multas o incluso cargos penales.

El DHS explicó que todas las personas en situación migratoria irregular deberán proporcionar huellas dactilares, una dirección y registrarse en un proceso formal. Esta medida, que afecta a todas las personas de 14 años o más, se basa en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que durante décadas no se había aplicado de manera estricta.

El gobierno de Estados Unidos busca cumplir con sus promesas de campaña, que incluyen un endurecimiento de las políticas migratorias, deportaciones masivas y el refuerzo de la seguridad en la frontera para evitar futuras solicitudes de asilo. En un comunicado, el DHS advirtió que el incumplimiento de esta nueva obligación será considerado un delito, lo que podría acarrear una multa, prisión, o ambas sanciones.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) anticipó que pronto habilitará un formulario y un proceso de registro específico para cumplir con esta medida. La iniciativa, aunque ya había sido mencionada en varias de las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump al inicio de su mandato, toma fuerza con este anuncio, y se espera que afecte a miles de personas en el país en situación irregular.

A pesar de que no se tiene claridad sobre cuántos migrantes decidirán registrarse voluntariamente, el gobierno ha declarado que su principal objetivo son aquellos con antecedentes penales. Sin embargo, algunos grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés), han expresado preocupaciones sobre el propósito de esta medida. La organización recuerda que el Registro de Extranjeros de 1940 fue la última vez que se implementó una medida similar, cuyo fin era identificar y deportar a personas catalogadas como amenazas a la seguridad nacional.

El NILC alerta que esta nueva política podría ser utilizada para identificar y deportar a personas que no hayan cumplido con el registro, y advierte que la administración Trump podría usar esta información con fines de detención y deportación.