Ante la innegable estadística que apunta a que este año será catalogado como uno de los más violentos en la última década en Michoacán y México, organizaciones internacionales coinciden en que la estrategia de los gobiernos federal y estatales ha sido equivocada y no ha ayudado a erradicar uno de los principales problemas sociales, que generan un círculo vicioso y una espiral de asesinatos y delitos de alto impacto.

De acuerdo con las previsiones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la tasa de homicidios dolosos cometidos en los primeros nueve meses del año se incremento en un 2.4 por ciento, con relación al año anterior, por lo que al final de este año el país podría concluir con una cifra de 35 mil 500 víctimas.

El analista en jefe de la oficina en México de la organización Crisis Group, Falko Ernest, quien ha realizado trabajo de campo en Tierra Caliente de Michoacán y otros estados en donde la violencia pone en riesgo permanente a la población civil, aseguró que “la violencia severa no tiene una disuasión, porque no hay consecuencias”.

Escenarios como los que se viven en territorios como Culiacán, Nuevo Laredo y Michoacán, llevan a pensar que “la política militarizada en México está viva y muerta: el presidente López Obrador (Andrés Manuel) lo ha renunciado, pero sus vestigios permanecen”, dijo.

Para este organismo internacional dedicado a realizar recomendaciones en materia de paz y seguridad en zonas con conflictos armados como Gaza, Beirut, Jerusalén y Hong Kong, México y su Presidente (y su equipo) deberían reconocer que su solución socioeconómica actual necesita alguna adaptación.”

Para el senior de Crisis Group en México “el objetivo debe ser elaborar una estrategia integral que no abandone este componente a largo plazo, sino que lo combine con métodos a corto plazo para salvaguardar a los más vulnerables y frenar el comportamiento criminal más agresivo; así como desplegar fuerzas de seguridad para separar grupos en guerra y prevenir asaltos a poblaciones civiles en lugares extremadamente violentos como las tierras altas de Guerrero o Michoacán”.

“Los abusos asociados con el uso de la fuerza estatal en el pasado fueron graves, pero las autoridades pueden avanzar para frenarlos con estrictos mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para acabar con la colusión militar y policial, con el crimen organizado y otras formas de corrupción, así como con abusos en contra de los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales”, refiere en el artículo publicado en el sitio oficial de esta organización, orientada a realizar recomendaciones para prevenir situaciones de guerra.

“Los esfuerzos renovados para crear una aplicación efectiva de la ley local también son esenciales”, a decir de Falko Ernest, quien estimó que la actual administración federal ha puesto en marcha varios esfuerzos destinados a profesionalizar a la Policía: mejor capacitación, equipamiento, pago y protección.

El gobierno debería recuperar esos programas y comprometerse plenamente con ellos, en tanto que “Estados Unidos debería asumir su parte de responsabilidad por la crisis”, puntualizó.

Abordar los factores socioeconómicos es una parte necesaria de la solución a los problemas de México, pero sin medidas de seguridad a corto plazo orientadas a proteger a los civiles y disuadir la agresión criminal, medidas que muy probablemente necesiten presentar una amenaza creíble para usar la fuerza, la estrategia a largo plazo puede no tener mucha importancia.

El avance de los grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mismo que intenta adueñarse de territorio en Michoacán y los estados colindantes a Jalisco, no augura una salida pronta ni fácil que tiene sumido al estado en una crisis económica y social sin precedente.

Por otra parte, para la organización México Evalúa, “Michoacán es uno de los estados que, a pesar de diversas estrategias y el apoyo del gobierno federal, no ha logrado revertir la crisis de violencia que afecta a sus habitantes”.

Como ejemplo de ello, cita que el pasado 27 de mayo pobladores del municipio de La Huacana, Michoacán, desarmaron y retuvieron a militares después de que dos habitantes de esa comunidad resultaran lesionados en un operativo. El día anterior, integrantes del CJNG atacaron a la Policía Municipal de Zamora, mataron a cuatro elementos y lesionaron a ocho.

“Estos acontecimientos son un reflejo de la persistente debilidad de las instituciones de seguridad del estado para hacer frente a la inseguridad”.

En cada una de estos picos de violencia, Michoacán rebasó la tasa mensual de tres homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa nacional se ubica ligeramente por debajo de 2.5.

“Haciendo el ejercicio de analizar los datos para Michoacán, estimamos que la tasa de homicidio para 2019 será cercana a 33.3 por 100 mil habitantes, mientras que en 2018 fue de 35.1 (una disminución de 5.1 por ciento)”.

En su último reporte sobre la seguridad titulado “Michoacán, deja vú de la Violencia”, este organismo (México Evalúa) destaca que “de todos los homicidios que ocurren en el país año con año, el porcentaje de los que ocurren con armas de fuego es cada vez más alto: roza el 70 por ciento. Esta alarma nacional adquiere tintes de emergencia en Michoacán, donde el 80.2 por ciento de los homicidios dolosos suceden con esta clase de armas”.

Sólo este fin de semana largo, en el estado se registraron al menos nueve homicidios, asesinatos cometidos principalmente contra jóvenes que van de los 18 a los 25 años.