Ante las demandas de empresarios en torno a que normalistas los extorsionan a cambio de devolverles sus unidades de transporte, el gobernador Silvano Aureoles Conejo enfatizó que más allá de quienes cometan los delitos, si hay uno que perseguir, se debe de actuar, independientemente de si sea o no estudiante el responsable. No debe haber distinción, dijo.

Durante la rueda de prensa de este lunes, el ejecutivo estatal reiteró que los normalistas y las plazas que demandan son asunto de competencia federal, lo mismo el tema de las vías de comunicación en donde se retienen los camiones de carga. Aun así, ofreció la disposición para coadyuvar en este caso.

Extendió un llamado a las Fiscalías General de la República (FGR) y del Estado (FGE) para que se agilicen las investigaciones, un promedio de 6 casos por instancia, para que se deslinden las responsabilidades.

A decir del mandatario, debe cambiar la dinámica por parte de los estudiantes de las escuelas normales, quienes retienen vehículos y se quedan con las mercancías, dijo. Asimismo, refirió que el sector abarrotero ha sido el más afectado por los estudiantes, de cuyas mercancías luego de ser sustraídas las vendían para obtener recursos.

“Debe de haber una actuación basado en la denuncias, por lo cual celebró que ahora los empresarios recurran ante las instancias de seguridad y procuración de justicia; vale la pena que no haya cosas impunes, se debe erradicar la práctica del ‘no pasa nada’”.

Puntualizó que la semana pasada en la Ciudad de México se reunieron los principales actores del sector educativo, contándose con la presencia de un grupo de normalistas egresados de Michoacán. Aseguró que “quedaron satisfechos”, porque el estado y la Federación están buscando la manera de atender sus demandas, que básicamente son plazas de trabajo.

Aureoles Conejo planteó la creación de un programa de jubilación de docentes para equilibrar el requerimiento de plazas, pues al jubilarse más docentes habría espacios para los egresados.

La semana pasada el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y de la Transformación (Canacintra) delegación Morelia, Abelardo Pérez Estrada, acusó que los normalistas pedían entre 140 mil y 300 mil pesos a los empresarios para que éstos tuvieran la posibilidad de recuperar sus unidades.