Son más de cinco casos que la Fiscalía General del Estado ha identificado sobre civiles que, bajo el “disfraz” de guardias comunitarios o autodefensas, realizan actividades fuera del marco de la ley en algunas zonas de Michoacán, confirmó Adrián López Solís, titular del ente procurador de justicia.

Aunque no reveló nombres ni tampoco los municipios en que se ubican los civiles armados con dichas características, reconoció que dicho fenómeno sigue presentándose en algunas regiones de la entidad, en donde sujetos supuestamente comunitarios buscan controlar los territorios y someten actividades cotidianas y a las personas que producen, llevándolos a una especie de grupo hegemónico que, a toda costa, pelea sus plazas a quienes pretenden tomarla.

“Sí tenemos casos con personas que se identifican o que tienen ese antecedente, pero evidentemente ni puedo mencionarlos, ni puedo decirles quiénes son o dónde están, pero estamos trabajando en eso”, expresó el diputado local con licencia.

Y es que a principios de esta semana, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, advirtió que irían tras aquellos civiles que están protegidos bajo “el manto de una figura comunitaria”, pues en la entidad se tiene que aplicar la ley y el Estado de Derecho, asegurando ya se tienen identificadas a varias personas, mismas que, dijo, se refugian en comunidades como Aquila, Pómaro y Ostula, y en el municipio de Coahuayana.

En ese tenor y al referir sobre las mil 100 carpetas de investigación que se han iniciado en Michoacán durante este 2019, López Solís afirmó que la gran mayoría están ligadas a la delincuencia organizada, situación que ha encendido las alertas, pues un gran número de dichos delitos fueron cometidos por grupos criminales dedicados a la distribución, comercialización y consumo de drogas.

Mencionó que, a partir de dicha alerta por el incremento del 10 al 15% más que los homicidios cometidos en 2018, es que se solicitó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dar continuidad a las investigaciones y cumplimentar las órdenes de aprehensión, pues es esa su obligación.

“El planteamiento de la gran mayoría de los fiscales generales de los estados es que la FGR asuma la responsabilidad que le da la ley de delincuencia organizada para investigar estos hechos, también con ese enfoque”, agregó.