Luego de aprobar un incremento de penas por evasión fiscal de cinco a ocho años de prisión al que expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, el Pleno del Senado de la República aceptó que sean investigados, juzgados y sentenciados todos los ilícitos cometidos antes de la entrada en vigor del decreto.

En discusión en lo particular, con 66 votos a favor, 45 en contra y cero abstenciones por mayoría se avaló una reserva presentada por el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, para modificar el artículo segundo transitorio con el objetivo de que todos los ilícitos cometidos en la materia sean retroactivos en sus investigaciones y sentencias por las autoridades correspondientes.