Pese a que el Ejército, la Policía Federal (PF) y la Policía Estatal de Michoacán se habían comprometido a proteger a los integrantes de la quinta Caravana “Buscando encontraremos” –que actualmente recorre ese estado en búsqueda de personas desaparecidas--, dichos cuerpos de seguridad han dejado a su suerte a los familiares de las víctimas, lo que los pone en un estado de riesgo y vulnerabilidad.

Así lo advirtió Laura María Orozco, integrante del colectivo “Familiares caminando por justicia”, quien indicó que ante la falta de protección por parte de las autoridades, la caravana incluso está considerando la cancelación de la última parte de sus recorridos, en el municipio de Lázaro Cárdenas.

En entrevista con La Jornada, Orozco –cuyo padre y dos hermanos están desaparecidos-- explicó que antes del inicio de la caravana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la PF y la Policía Estatal de Michoacán, así como agrupaciones municipales, se comprometieron por escrito a custodiar a los integrantes de la movilización, para evitar que sufrieran alguna agresión durante sus búsquedas.

Sin embargo, dicho acompañamiento duró únicamente dos días, tras los cuales los elementos policiacos dejaron de cumplir su obligación de cuidado y dejaron solos a los familiares de las personas desaparecidas, sin importar que estén recorriendo poblados y municipios de alto riesgo y conflictividad social.

“Desde el principio de la caravana, el Ejército nunca llegó, pero la PF sí. Nos acompañó dos días en los recorridos y traslados, pero en las noches, cuando llegábamos a hospedarnos, la seguridad se retiraba, hasta que ya no llegaron ni nos contestaron el teléfono”, denunció la activista.

Aunque consideró que la falta de custodia puede estar relacionada con las protestas de la policía local en demanda de mejores condiciones de trabajo, Orozco puso de relieve que ya existía un compromiso de darle seguridad a los integrantes del grupo de búsqueda.

“No podemos quedarnos sin acompañamiento, porque estamos pasando por zonas conflictivas, con altos índices de criminalidad y de violaciones de derechos humanos. No se ha hecho evidente alguna amenaza, pero algunos familiares tienen temor y piensan en cancelar el trabajo de campo en Lázaro Cárdenas, que es la parte más riesgosa”, añadió.

Luego de responsabilizar a los gobiernos federal y estatal de cualquier agresión que pueda sufrir la caravana, durante sus movilizaciones y después de ellas, la activista recordó que cuando se le pidió ayuda a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, la funcionaria indicó que no podía ayudarlos en su recorrido, pero sí en brindarles seguridad, lo cual finalmente tampoco ocurrió.

El abandono del Ejército y las policías demuestra que “seguimos teniendo actitudes omisas de parte de las instituciones encargadas de seguridad, y de autoridades indolentes, insensibles e inconscientes, como si no supieran el contexto al que nos enfrentamos y el peligro del que pudiéramos ser objeto en este momento”, lamentó Orozco.

En ese sentido, exigió que las autoridades honren su palabra y les brinden seguridad, además de que envíen el personal prometido a las tareas de búsqueda terrestre e identificación de restos.

De acuerdo con Orozco, la caravana está integrada en este momento por alrededor de cien personas, quienes han recorrido hasta ahora la ciudad de Los Reyes, además de Sahuayo y Zitácuaro, para después seguir su recorrido por Huetamo y Lázaro Cárdenas.