Un juez estatal libró este viernes una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien permanece prófugo de la justicia desde el año pasado. Se le imputan los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, relacionados con un operativo policial realizado hace nueve años en la comunidad indígena de Arantepacua.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que también se obtuvieron órdenes de captura contra el exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, así como contra 14 elementos policiales que participaron en la incursión en la comunidad purépecha, ubicada en el municipio de Nahuatzen.

La masacre de Arantepacua

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron los días 4 y 5 de abril de 2017, cuando el entonces mandatario autorizó un operativo para recuperar cerca de un centenar de camiones retenidos por habitantes como parte de una protesta.

No obstante, la intervención derivó en un uso excesivo de la fuerza. Como resultado, cuatro comuneros perdieron la vida por impactos de arma de fuego. En 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acreditó la existencia de violaciones graves a los derechos humanos durante el operativo, respaldando las denuncias de las comunidades indígenas que durante años han exigido justicia.

Se agravan problemas legales

Esta orden de aprehensión se suma a los procesos legales que Aureoles enfrenta a nivel federal. El exgobernador es investigado por un presunto desfalco de más de 3 mil millones de pesos, relacionado con la supuesta simulación de contratos de arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su administración (2015-2021).

Aunque el exmandatario ha calificado las acusaciones como parte de una “persecución política”, las nuevas imputaciones por delitos graves marcan un avance relevante en las investigaciones por el caso Arantepacua.

Sigue prófugo

Hasta ahora, se desconoce el paradero de Aureoles Conejo, quien dejó de aparecer públicamente desde el año pasado, tras intensificarse las investigaciones en su contra. Autoridades estatales y federales mantienen operativos para su localización, así como la de los exfuncionarios y policías involucrados en la cadena de mando del operativo en la Meseta Purépecha.