En la Cámara de Diputados, en San Lázaro, fue aprobado el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución, con el propósito de establecer límites a las jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas. La propuesta obtuvo 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones, lo que permitió el avance de la reforma conocida como “pensiones doradas”.

Esta reforma busca promover una mayor equidad en la asignación de recursos destinados al retiro, al fijar un tope máximo equivalente al 50% de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal.

Tras su aprobación en lo particular, el documento será enviado a las legislaturas de los estados y a la Ciudad de México para continuar con el proceso constitucional correspondiente.

En materia de lenguaje, también se avaló la minuta enviada por la Cámara de Senadores, la cual incorpora el uso de lenguaje inclusivo en el decreto. Entre los cambios destacan expresiones como “persona titular del Ejecutivo Federal” y “ninguna persona servidora pública”.

Asimismo, la reforma establece que las jubilaciones y pensiones de trabajadores de organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y otros entes gubernamentales no podrán exceder el límite mencionado. Sin embargo, se contemplan excepciones, como el caso de las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias y aquellas de carácter no contributivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º constitucional.