El diputado Hugo Rangel Vargas presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma al Código de Justicia Especializada para Adolescentes del Estado, en respuesta —dijo— a la compleja ola de violencia que enfrenta la entidad y al impacto del crimen organizado en las juventudes, al ofrecer “dinero fácil y una falsa promesa de pertenencia”.

Desde la máxima tribuna, el legislador cuestionó si el Estado continuará castigando únicamente las consecuencias o si asumirá el reto de transformar las causas estructurales que colocan a adolescentes en conflicto con la ley. Sostuvo que la mayoría de estos casos están precedidos por contextos de abandono, violencia y exclusión social.

La propuesta incorpora el enfoque de vulnerabilidad estructural como principio rector, lo que obligaría a las autoridades a analizar si la conducta del adolescente está relacionada con factores como pobreza extrema, violencia familiar, exclusión educativa, discriminación o participación forzada en dinámicas delictivas.

Asimismo, plantea la reconstrucción del tejido social como eje central de la intervención pública, priorizando la reparación colectiva, la prevención de la reincidencia y la integración comunitaria. Rangel advirtió que criminalizar sin atender el contexto social perpetúa la desigualdad y limita las posibilidades de reinserción efectiva.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de un Programa Estatal de Vivienda Temporal para Adolescentes, con estándares claros de habitabilidad, supervisión profesional y la prohibición expresa de prácticas punitivas encubiertas. La reforma contempla modificaciones a los artículos 4, 54, 57 y 93, además de la adición de los artículos 150 Bis al 150 Septies, para garantizar el acceso a vivienda digna a quienes carezcan de un hogar seguro, provengan de entornos de violencia grave o requieran un espacio alternativo para cumplir medidas socioeducativas.

La estancia en estos espacios no tendría carácter disciplinario y deberá asegurar atención psicológica, continuidad educativa, actividades formativas y acompañamiento comunitario, con el objetivo de generar procesos reales de transición y reinserción social.

Además, la iniciativa establece obligaciones presupuestales progresivas y no regresivas para el Ejecutivo estatal y los ayuntamientos, quienes deberán etiquetar recursos específicos destinados a vivienda temporal, programas restaurativos y acciones de reconstrucción comunitaria.

Finalmente, el diputado señaló que la reforma se articula con el programa federal Jóvenes Transformando México, al considerar que la prevención y la reinserción deben formar parte de una estrategia integral frente a la influencia del crimen organizado. Con ello, afirmó, se busca evitar que las juventudes enfrenten una doble exclusión: primero por la falta de garantía de derechos y después por una respuesta centrada únicamente en el encierro.