La diputada local Brissa Arroyo presentó una iniciativa para fortalecer el marco legal en el estado y ampliar las sanciones contra los delitos derivados de la sumisión química, una práctica delictiva que vulnera gravemente la integridad y seguridad de las personas.

“Como legisladores tenemos el deber de actualizar nuestro marco jurídico para responder a nuevas formas de criminalidad, garantizando una protección integral a la ciudadanía, particularmente a los grupos en situación de mayor vulnerabilidad”, expresó Arroyo Martínez.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura explicó que el cerebro humano es especialmente vulnerable ante el uso de drogas o sustancias químicas que alteran su funcionamiento. Sus mecanismos naturales de defensa —precisó— no están diseñados para resistir la administración intencional de sustancias que disminuyen la voluntad, la conciencia o la capacidad de defensa de una persona.

Si bien el Código Penal del Estado ya contempla como agravante en los delitos de violación, violación equiparada y abuso sexual el uso de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier sustancia que reduzca la capacidad de la víctima, la legisladora subrayó que es necesario precisar y robustecer el marco normativo vigente. El objetivo es brindar mayor claridad jurídica y ampliar su alcance a otras conductas delictivas, particularmente al delito de robo.

Arroyo señaló que la sumisión química constituye un delito silencioso, ya que bajo sus efectos la víctima puede ver anulada o disminuida su capacidad para identificar una situación de riesgo, oponerse a una agresión o emitir un consentimiento válido.

Además, explicó que debido a la alteración temporal de la conciencia, las víctimas pueden presentar amnesia total o parcial de los hechos, así como desorientación, confusión o sentimientos de vergüenza, lo que en muchos casos retrasa o incluso impide la denuncia.

Aunque este tipo de delitos se presenta con mayor frecuencia entre jóvenes, en fechas recientes también se han documentado casos en personas adultas mayores.

La propuesta legislativa contempla reformar las fracciones VII, VIII y X del artículo 168, así como adicionar una fracción X al artículo 204 del Código Penal para el Estado de Michoacán.