El Pleno de la 76 Legislatura del Congreso del Estado aprobó una serie de reformas constitucionales con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a un medio ambiente sano, saludable y sostenible, así como fortalecer la protección de los ecosistemas, la biodiversidad y el bienestar animal en Michoacán.

Durante la Sesión Ordinaria, las y los diputados votaron a favor de reformar los artículos 123 y 139, además de adicionar nuevos párrafos a los artículos 2° y 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo. Con estas modificaciones se establece de manera expresa que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno ambiental adecuado para su desarrollo y bienestar.

El decreto señala que el Estado, los municipios y los gobiernos comunales serán responsables de garantizar este derecho, promoviendo la justicia ambiental y asegurando el manejo sustentable de los recursos naturales, la preservación y restauración de los ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la prevención, control y remediación de la contaminación del suelo, agua y aire.

Asimismo, se establece la obligación de adoptar medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar los daños ambientales, incluyendo el uso de tecnologías de geoprocesamiento y análisis de datos espaciales para una gestión y seguimiento adecuados, conforme a la ley.

Con estas reformas, las personas en Michoacán también tendrán el derecho de participar de manera plena, efectiva y oportuna en la protección del medio ambiente, así como el deber de contribuir a su cuidado.

En materia de bienestar animal, la Constitución prohíbe expresamente la crueldad y el maltrato animal, y mandata al Estado, los municipios y los gobiernos comunales a garantizar el cuidado, trato digno y protección de los animales domésticos y silvestres, así como la conservación de su vida e integridad.

Además, se establece como facultad y obligación de los ayuntamientos, concejos municipales y gobiernos comunales promover que toda obra, proyecto o actividad incorpore criterios de sustentabilidad y prácticas orientadas al cuidado y preservación del medio ambiente.

Finalmente, se señala que el desarrollo económico y las políticas públicas estatales deberán regirse bajo principios de sustentabilidad, planeación económica, protección ambiental y uso responsable de los recursos naturales. Para ello, el Congreso del Estado contará con un plazo improrrogable de 180 días hábiles para realizar las adecuaciones normativas correspondientes, mismo periodo en el que los ayuntamientos y el Ejecutivo estatal deberán efectuar los ajustes normativos, orgánicos y administrativos necesarios.