Con el objetivo de garantizar justicia plena y brindar una protección efectiva a niñas, niños y adolescentes frente a nuevas formas de agresión, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la LXXVI Legislatura, presentó una iniciativa para reformar el artículo 105 del Código Penal de Michoacán, con la finalidad de declarar como imprescriptibles dos delitos cometidos en entornos digitales contra menores de edad.

La propuesta busca que tanto la violencia digital a la intimidad sexual como la comunicación digital de carácter sexual con menores puedan investigarse y sancionarse en cualquier momento, sin importar cuántos años hayan pasado desde su comisión.

Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la legisladora subrayó que en estos casos “el daño no prescribe, y la justicia tampoco debe hacerlo”, al tratarse de conductas que pueden marcar de por vida a las víctimas desde su infancia.

Ruíz González advirtió que las violencias digitales avanzan con mayor rapidez que la propia legislación, por lo que el Estado debe actuar con firmeza para cerrar espacios de impunidad. Recordó que imágenes, mensajes o manipulaciones pueden permanecer circulando durante años en redes sociales o plataformas digitales, prolongando el daño hacia las y los afectados.

Destacó además que muchas víctimas tardan años en denunciar por miedo, presión o manipulación ejercida por sus agresores, lo que convierte la prescripción en una barrera que favorece la impunidad. Por ello, declaró, hacer imprescriptibles estos delitos representa un paso esencial para asegurar el acceso a la verdad y la justicia.

La iniciativa se fundamenta en la obligación constitucional de brindar protección prioritaria a la niñez, conforme a los artículos 1° y 4° de la Constitución, así como en estándares internacionales que establecen que los delitos sexuales —incluidos los digitales— no deben beneficiarse de la prescripción.

Finalmente, Xóchitl Ruiz destacó la urgencia de fortalecer el marco legal para proteger de manera más sólida a la niñez michoacana, consolidando al estado como referente en la defensa integral contra violencias sexuales digitales.