Con el propósito de asegurar que las escuelas sean espacios libres de exclusión y violencia, el diputado perredista Octavio Ocampo presentó ante el Congreso del Estado una propuesta de reforma a la Ley para la Atención de la Violencia Escolar, con la que busca reconocer la discriminación escolar como una forma específica de agresión, además de establecer mecanismos eficaces de prevención, atención y sanción en los planteles de Michoacán.

La iniciativa plantea añadir nuevas fracciones a los artículos 2°, 4°, 8° y 38 de la legislación vigente, con el fin de integrar protocolos especializados para atender casos de discriminación, fortalecer las atribuciones del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar y promover campañas permanentes sobre igualdad, diversidad y derechos humanos.

Durante la presentación, Ocampo subrayó que “la escuela debe ser un espacio donde todas las niñas, niños y adolescentes aprendan y se desarrollen sin miedo, sin burlas, sin exclusión. No podemos permitir que la discriminación siga normalizándose como parte de la vida escolar”.

El legislador resaltó datos de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, que colocan a Michoacán como el cuarto estado con mayor discriminación hacia niñas, niños y adolescentes: 36.7 % de menores dijo haberse sentido discriminado; de ellos, el 40.9 % pertenecía a comunidades indígenas y casi la mitad presentaba alguna discapacidad.

A ello se suman cifras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva (Seimujer), que señalan que en 2021 tres de cada diez alumnas michoacanas reportaron haber sufrido violencia en su entorno escolar, así como registros del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que documentó en 2025 diversos casos relacionados con apariencia física o identidad de género, como el de una estudiante de Pátzcuaro excluida por su expresión de género.

El incremento en la percepción de discriminación entre la población adulta —que pasó del 16.5 % en 2017 al 21.8 % en 2022, según la ENADIS— refuerza, según el legislador, la urgencia de actualizar el marco jurídico para garantizar la dignidad y diversidad dentro de las aulas.

La reforma propone que los centros educativos implementen programas de sensibilización, rutas claras de denuncia y sanciones frente a cualquier acto discriminatorio por motivos de género, discapacidad, origen étnico, religión, orientación sexual o apariencia física.

“Educar en igualdad no es una opción política, es una obligación moral y legal. Si no garantizamos espacios inclusivos desde la escuela, seguiremos reproduciendo desigualdades en toda la sociedad”, sostuvo Ocampo.

De aprobarse, la iniciativa colocaría a Michoacán a la vanguardia nacional en la prevención de la violencia y discriminación escolar, alineando su normatividad con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.