Los diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Campos Huirache y Memo Valencia, presentaron una iniciativa de Ley “anticoyotaje” con el objetivo de frenar prácticas de intermediación abusiva en el sector agrícola michoacano.

Señalaron que, aunque la inseguridad y los crímenes relacionados con el campo no se resolverán únicamente con reformas legales, es necesario adoptar medidas que ayuden a mejorar las condiciones para los productores. “Bernardo Bravo, además de exigir seguridad, clamaba por mayores controles que erradicaran un intermediarismo dañino, controlado por el crimen organizado”, subrayaron.

La propuesta busca reformar la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable de Michoacán de Ocampo para reforzar la responsabilidad del Estado en garantizar seguridad a todos los productores agrícolas, no solo a los dedicados al limón o al aguacate, sino a todo el campo michoacano.

De acuerdo con los legisladores, la iniciativa plantea implementar acciones y políticas públicas que eliminen el intermediarismo o “coyotaje” colectivo y a gran escala, utilizado para el acaparamiento y la especulación. “No podemos permitir prácticas monopólicas en la intermediación”, remarcaron.

Aclararon que la propuesta no pretende estigmatizar a los intermediarios que operan conforme a las dinámicas del libre mercado y que, con regulación adecuada y sin fines ilícitos, contribuyen al desarrollo económico al vincular a los productores con los grandes comercializadores nacionales e internacionales.

La iniciativa contempla la creación de un nuevo tipo penal en el Código Penal del Estado, dentro del apartado de Delitos Contra el Patrimonio, bajo el término de Acaparamiento Agrícola con Fines de Control de Precios, para atender específicamente la problemática de inseguridad y coyotaje.

Finalmente, los diputados reconocieron que “como legisladores, difícilmente podemos hacer justicia por las víctimas que han perdido la vida a manos del crimen organizado en la Tierra Caliente, pero sí podemos alzar la voz y responder al llamado de Bernardo Bravo para frenar el intermediarismo dañino vinculado al crimen. Es lo mínimo que podemos hacer”.