Con el objetivo de proteger a niñas y niños que quedan en situación de orfandad tras un feminicidio, las diputadas Eréndira Isauro Hernández y Anabet Franco Carrizales, junto con el diputado Marco Polo Aguirre Chávez, presentaron una iniciativa que propone retirar de manera automática la patria potestad a quien sea vinculado a proceso o sentenciado por este delito, cuando tenga hijos con la víctima.

La propuesta contempla reformas al Código Familiar y al Código Penal del Estado de Michoacán, con el propósito de garantizar el interés superior de la niñez y evitar que los hijos e hijas de mujeres víctimas de feminicidio queden bajo la tutela de sus agresores.

“Esta reforma busca reconocer la importancia de garantizar plenamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en contextos donde han perdido a su madre por violencia feminicida”, expresó la diputada Eréndira Isauro Hernández.

La iniciativa responde a un exhorto del Senado de la República, emitido en diciembre de 2023, que llamó a los congresos estatales a armonizar sus leyes para asegurar la suspensión o pérdida de la patria potestad en estos casos.

Uno de los principales referentes de esta reforma es la Ley Monzón, aprobada en Puebla tras el feminicidio de la activista Cecilia Monzón, y que ha servido como modelo para otras entidades del país.

Entre los cambios propuestos, destaca la reforma al artículo 425 bis del Código Familiar, que establece la pérdida automática de la patria potestad si la persona es sentenciada por feminicidio, y su suspensión en caso de vinculación a proceso, siempre que la víctima sea la madre de los hijos menores de edad.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 120 del Código Penal para establecer que, en casos en los que el agresor tenga descendencia con la víctima, y los hijos sean menores, se le sancione también con la pérdida de la patria potestad, con el fin de garantizar su derecho a vivir en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia.

La propuesta incorpora además principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obligan a todas las autoridades a priorizar el interés superior de la infancia en sus decisiones.

La iniciativa ya fue turnada a comisiones y se espera que sea dictaminada en las próximas semanas. De ser aprobada, Michoacán se sumaría a las entidades que han reformado su marco legal para proteger a la niñez víctima indirecta de la violencia feminicida.