El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, logró nuevamente evitar su detención, luego de que un Tribunal Colegiado confirmara este martes la suspensión provisional que previamente le había sido otorgada para frenar una orden de aprehensión en su contra.

Por unanimidad, los magistrados del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal declararon infundado el recurso de queja promovido por la Fiscalía General de la República (FGR), que buscaba revocar dicha suspensión. La medida cautelar fue otorgada el pasado 20 de mayo por la jueza Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Sindy Ortiz Castillo, en favor del exmandatario michoacano, quien es investigado por presunto daño al erario por más de mil millones de pesos.

La FGR argumentó que la suspensión provisional ya no tenía efecto, debido a que Aureoles Conejo contaba con otra suspensión definitiva previamente concedida. Sin embargo, el tribunal señaló que no existía certeza de que ambas resoluciones judiciales respondieran a la misma orden de aprehensión o a distintos mandamientos.

Cabe recordar que apenas este lunes, la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, autorizó a la FGR a ejecutar la orden de detención contra Aureoles, al levantar la suspensión definitiva que lo protegía. La jueza argumentó que el exgobernador incumplió con el pago de una garantía por un millón de pesos, además de no presentarse ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava dentro del plazo de cinco días que le fue concedido.

Acusaciones en su contra

La FGR acusa a Silvano Aureoles de un presunto desvío de recursos públicos por un monto de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, derivados de la construcción de siete cuarteles para la Policía Estatal durante su administración.

Además, según las investigaciones, el exmandatario habría contratado a personas armadas para la custodia de sus propiedades, situación que agrava su situación legal.

Por estos hechos, Aureoles Conejo enfrenta acusaciones por los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.