Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa ante el pleno para que funcionarios públicos y particulares que cometan faltas administrativas graves sean inhabilitados de forma definitiva para ejercer cargos públicos.

Durante la sesión legislativa de este miércoles, Galindo Pedraza explicó que la propuesta se enmarca en la Ley de Responsabilidades Administrativas y busca combatir y sancionar eficazmente la corrupción y la impunidad, fenómenos que, dijo, han tenido una alta incidencia en el estado en los últimos años.

"La ‘Muerte Cívica’ para funcionarios y políticos corruptos ha sido una prioridad para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta LXXVI Legislatura. Esta medida representa la institucionalización de uno de los principales compromisos de la Cuarta Transformación: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo", subrayó el legislador.

Galindo Pedraza destacó que la corrupción en Michoacán constituye uno de los problemas públicos más urgentes, no solo por ser una conducta inmoral, sino también por sus graves consecuencias políticas, económicas y sociales. “Debilita el Estado de derecho, agrava la pobreza y la desigualdad, e incrementa las violaciones a los derechos humanos”, advirtió.

El legislador agregó que en Michoacán la corrupción genera una profunda inconformidad social y se entrelaza con otros problemas estructurales del ámbito político, social y económico. Ante esto, insistió en la necesidad de establecer normas y procedimientos eficaces que, ante todo, abatan la impunidad.

"Quien tiene el honor de representar a la ciudadanía y traiciona esa confianza, debe quedar imposibilitado para seguir dañando el servicio público. Ser funcionario es un privilegio, no un derecho inamovible para quienes actúan en perjuicio de las instituciones", concluyó.