José Asunción Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, quien enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y omisión de funciones en el contexto del caso del rancho Izaguirre.

Murguía Santiago, militante del partido Movimiento Ciudadano, fue arrestado por autoridades federales al considerar que tenía conocimiento de las actividades ilícitas presuntamente realizadas en dicho predio, sin haberlo reportado a las instancias correspondientes. El rancho Izaguirre, localizado en el municipio de Teuchitlán, ha sido objeto de investigación desde 2023. En ese año, operativos coordinados por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) revelaron que la propiedad podría haber sido utilizada como centro logístico por un grupo criminal, hallándose armamento, vehículos blindados y otros indicios relacionados con el crimen organizado.

Hasta el momento no se ha precisado si Murguía permanece en las instalaciones de la FGR en Jalisco o si fue trasladado a la Ciudad de México para continuar con el proceso judicial.

¿Quién es José Asunción Murguía Santiago?

José Asunción Murguía Santiago, también conocido como “Chon”, es originario de Teuchitlán y de profesión cirujano dentista. Actualmente cursaba su segundo periodo consecutivo como alcalde, tras haber sido reelecto para el periodo 2021-2024. No obstante, esta es la tercera vez que encabeza la administración municipal, pues ya había sido presidente entre 2012 y 2015.

El caso del rancho Izaguirre

El rancho Izaguirre, un terreno de forma rectangular con algunas construcciones inconclusas y cercado perimetralmente, se ha convertido en uno de los focos de atención en las investigaciones sobre crimen organizado en Jalisco.

La propiedad ha sido señalada como presunto centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el lugar fueron encontrados restos humanos, prendas de vestir, objetos personales y otros indicios que apuntan a la realización de actividades delictivas.

Una reciente intervención conjunta de colectivos de búsqueda y autoridades ha reavivado el debate público sobre posibles negligencias y omisiones en la investigación inicial realizada a partir de 2024.