Un grupo de ocho organizaciones de la sociedad civil expresó su rechazo a la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a juez federal en materia penal para las elecciones judiciales del próximo 1º de junio. Las organizaciones señalaron que el exfiscal regional de Michoacán ha sido vinculado a grupos criminales y a la muerte de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán.

En un comunicado conjunto, las organizaciones urgieron al Instituto Nacional Electoral (INE) a revocar la candidatura de Herrera Franco, quien fue colaborador cercano del exgobernador Silvano Aureoles, actualmente prófugo de la justicia. Se recuerda que Herrera Franco fue grabado negociando con un presunto líder criminal de la región de Zitácuaro, lo que aumenta la preocupación sobre su idoneidad para ocupar un cargo tan relevante.

De acuerdo con la lista de candidaturas publicada por el INE, el perfil de Herrera Franco para ocupar el cargo de juez federal fue avalado por el Comité de Selección del Poder Legislativo Federal, un organismo creado específicamente por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, ambos dominados por las mayorías de Morena y sus aliados.

Las organizaciones, entre ellas Artículo 19, Defensorxs y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), destacaron que “como sociedad, no podemos permitir que quienes están señalados por graves acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado, lleguen a ser los responsables de impartir justicia”. Además, hicieron un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que retomen las investigaciones sobre los asesinatos de los periodistas michoacanos y sobre las múltiples denuncias pendientes contra Herrera, quien en su momento fue apodado “el fiscal del terror” en Michoacán.

A medida que se desarrolla el proceso electoral para la selección de ministros, magistrados y jueces, han surgido dudas sobre los perfiles de varios de los 3,422 candidatos que han sido avalados por al menos uno de los tres poderes de la Federación.