El uso e instalación de minas terrestres en los campos de cultivo de Michoacán por parte del crimen organizado ha encendido las alarmas de las autoridades y la sociedad desde principios de 2024. En los últimos meses, la tragedia ha golpeado a comunidades rurales, dejando un saldo lamentable de víctimas y heridos.

Este miércoles, la tragedia cobró una nueva vida en la comunidad de Puerta de Alambre, en Apatzingán, cuando un cortador de limón perdió la vida al explotar una mina terrestre antipersonas mientras circulaba en su motocicleta por una brecha. Este incidente se suma a otros sucesos trágicos ocurridos en meses anteriores.

Uno de los más impactantes tuvo lugar en febrero, cuando un niño de 15 años murió tras la explosión de una mina improvisada en Buenavista Tomatlán, mientras trabajaba en una parcela de limón en la comunidad de Santa Ana Amatlán. Acompañado de un hombre de 43 años, José, ambos fallecieron a consecuencia de la explosión. La denuncia fue interpuesta por integrantes de la familia LeBarón ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Desde ese entonces, los campos de cultivo en Michoacán se han convertido en un campo de batalla mortal. En marzo, tres campesinos más perdieron la vida cuando una mina estalló mientras viajaban en una camioneta entre los poblados de El Caulote y Las Cruces, en el municipio de Tumbiscatío. La violencia de la explosión dejó a dos personas gravemente heridas y a las víctimas mutiladas.

No solo los civiles se han visto afectados. En diciembre de 2024, un operativo para desactivar minas en los municipios de Cotija y Buenavista Tomatlán resultó en la muerte de cuatro elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dejó a siete más heridos. Estos trágicos incidentes reflejan la creciente amenaza de las minas terrestres, que han puesto en peligro tanto a la población civil como a las fuerzas de seguridad.

Según informes de las autoridades de seguridad en Michoacán, entre enero y marzo de 2025 se han decomisado 282 artefactos explosivos durante operativos interinstitucionales en las regiones de Tierra Caliente y Zamora. Estos decomisos incluyen minas, granadas y artefactos modificados para ser lanzados por drones, lo que refleja la creciente sofisticación de los métodos utilizados por los grupos criminales. En el primer trimestre de 2025, se aseguraron 159 artefactos en enero, 62 en febrero y 61 en marzo, sumando un total de 282 dispositivos explosivos.

La Guardia Civil ha intensificado sus operativos en las regiones de Tierra Caliente y Sierra-Costa, donde en 2023 y 2024 se decomisaron más de 3,171 granadas y artefactos explosivos, así como casi 300 kilogramos de materiales para la fabricación de explosivos. Este año, en los primeros meses, se han confiscado más de 200 explosivos, principalmente en los municipios de Apatzingán, Buenavista, Parácuaro y Tumbiscatío.

El jueves, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informaron el decomiso de 116 artefactos explosivos improvisados, además de armas de fuego y cartuchos útiles en Apatzingán, durante operativos para combatir a la delincuencia organizada. También se registraron la destrucción de 12 drones utilizados por los grupos criminales, con el fin de asegurar la seguridad de la población. A su vez, fueron localizados tres campamentos clandestinos en Apatzingán, en los que se decomisaron armas de fuego, casi 1,800 cartuchos, cargadores y una motocicleta.

La situación en Michoacán se ha vuelto insostenible. Los campos de cultivo, antes de ser fuente de vida y trabajo, ahora se han transformado en zonas de peligro donde el crimen organizado no solo extorsiona a los campesinos, sino que siembra la muerte a través de explosivos. La preocupación de las autoridades sigue creciendo mientras los operativos para desactivar minas y neutralizar las amenazas continúan.

Los habitantes de Michoacán claman por un alto a esta violencia, mientras las fuerzas de seguridad luchan por recuperar el control de las regiones más afectadas.