Mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba por un presunto desfalco de más de 3,400 millones de pesos, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, realizó 10 viajes internacionales entre junio de 2023 y agosto de 2024, visitando destinos en Estados Unidos, España y Brasil.

De acuerdo con información oficial, la FGR presentó una solicitud de orden de aprehensión contra Aureoles ante la jueza de control Patricia Sánchez Nava, detallando que el Instituto Nacional de Migración (INM) registró salidas del país a su nombre durante el periodo en que ya estaba bajo investigación.

Los destinos de los viajes incluyeron Madrid (España), Houston (EE.UU.) y São Paulo (Brasil). La mayoría de sus visitas a Houston fueron breves, lo que sugiere que tenía intereses o contactos frecuentes en esa ciudad.

El primer viaje registrado fue el 6 de junio de 2023 rumbo a Madrid, con retorno el 12 de junio. Posteriormente, el 28 de agosto del mismo año voló a Houston, regresando el 4 de septiembre, pero no a la Ciudad de México, sino a Guadalajara, Jalisco.

Otros viajes relevantes incluyen su salida a Madrid el 9 de noviembre de 2023, su regreso el 19 de noviembre y un nuevo viaje a Houston el 7 de diciembre. Además, el 20 de agosto de 2024 voló a São Paulo, Brasil, en lo que fue su última salida reportada.

Órdenes de aprehensión contra excolaboradores

El caso no solo involucra a Aureoles. La FGR también solicitó órdenes de captura contra Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, ambos exsecretarios de Seguridad Pública de Michoacán, acusados de participar en el mismo esquema de desfalco.

Según el INM, Patrón Reyes registró seis salidas internacionales entre 2021 y 2024 a destinos como Miami, Houston, París y Madrid. Por su parte, Corona Martínez salió del país tres veces entre 2018 y 2021, viajando a Cuba, Dallas y Estambul.

La jueza Patricia Sánchez Nava determinó que existía riesgo de fuga, pues los acusados tienen los medios financieros y logísticos para abandonar el país. Mientras que Patrón Reyes consiguió una suspensión provisional mediante un amparo (tras pagar una fianza de apenas 5,000 pesos), Silvano Aureoles y Juan Bernardo Corona siguen prófugos de la justicia.

El esquema del desfalco: contratos inflados y sobreprecios

La investigación de la FGR revela que el desfalco de 3,412 millones de pesos se ejecutó a través de contratos adjudicados directamente a la empresa Inmobiliaria DYF, entre 2015 y 2021, durante el gobierno de Aureoles.

Inicialmente, la empresa obtuvo contratos para la renta de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública en municipios como Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro. Posteriormente, se le adjudicaron contratos adicionales para mantenimiento y limpieza de los mismos inmuebles.

En 2016, los contratos fueron modificados para permitir que el gobierno michoacano comprara los cuarteles al precio que la empresa estipulara, sin regulación alguna.

Para 2020, el propio Aureoles autorizó la compra de los cuarteles con precios inflados. Por ejemplo:

• El cuartel de Apatzingán, con un valor real de 210 millones de pesos, se adquirió con un sobreprecio de 76 millones.
• El de Coalcomán, con valor de 216 millones, tuvo un sobreprecio de 116 millones.
• El de Lázaro Cárdenas, valuado en 294 millones, terminó costando 163 millones adicionales.

En total, los siete cuarteles representaron sobrecostos millonarios que beneficiaron directamente a Inmobiliaria DYF y a los involucrados en la administración estatal.

Intento de exoneración y antecedentes de corrupción

Durante la audiencia de vinculación a proceso de los exfuncionarios de Aureoles, la defensa de Elizabeth Villegas reveló que en noviembre de 2024, el gobierno de Michoacán firmó un acuerdo reparatorio con Inmobiliaria DYF, obligándola a pagar más de 900 millones de pesos para evitar consecuencias penales.

Sin embargo, hasta la fecha, la empresa no ha cumplido con el pago, por lo que la acción penal sigue vigente.

No es la primera vez que los propietarios de Inmobiliaria DYF, los hermanos Ricardo y Joaquín Martínez del Campo y Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand, están involucrados en escándalos de corrupción.

En 2022, a través de la empresa Desarrolladora M, obtuvieron un contrato por 400 millones de pesos en Nuevo León para la adquisición de aulas prefabricadas que nunca fueron entregadas. El caso llevó a la inhabilitación de la entonces secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón, aunque hasta el momento no hay registros de sanciones contra la empresa.

Mientras tanto, Silvano Aureoles sigue prófugo, con múltiples viajes en su historial y una investigación en curso que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente de Michoacán.