Un juez de distrito en Morelia, Michoacán, ha concedido un amparo que obliga a las autoridades federales y estatales a actuar de manera inmediata ante la creciente amenaza de minas terrestres y explosivos en la región de Tierra Caliente.

El recurso fue promovido por jornaleros de las comunidades de Paredes del Ahogado y Santa Ana Amatlán, en el municipio de Buenavista, quienes han denunciado la grave situación de inseguridad en sus tierras de cultivo.

Gobierno, obligado a responder

El diputado local Guillermo Valencia subrayó la necesidad de recurrir al Poder Judicial para que el gobierno cumpla con su responsabilidad. "El Gobierno de la República y el Gobierno del Estado tendrán que explicar por qué no han garantizado la seguridad de los jornaleros y por qué no han retirado las minas explosivas colocadas en brechas y parcelas de la región", declaró.

En cumplimiento del amparo, el juez ordenó a mandos militares y civiles, incluidas las fiscalías y al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, diseñar un programa de desminado.

"Las autoridades deberán destinar personal capacitado y coordinar esfuerzos para localizar, retirar, desactivar y destruir las minas instaladas en las comunidades afectadas, así como en otras zonas de la región de Tierra Caliente", señala la resolución judicial.

Víctimas de explosivos

El amparo también hace referencia a casos trágicos derivados de la presencia de explosivos en la zona. Entre ellos, el de Ramón Paz Salinas, un maestro que perdió la vida al pisar una mina en Apatzingán, y el de Pablo, un menor de 15 años que falleció tras la detonación de un artefacto enterrado en una huerta de limón.

Acción inmediata y medidas de prevención

La medida cautelar tendrá efecto inmediato y se mantendrá vigente hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Además, el juez ordenó que las autoridades destinen los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para atender la emergencia, sin importar el tiempo que tome. También se deberán implementar campañas de sensibilización sobre el riesgo de las minas y brindar asistencia a las víctimas.

Esta resolución representa un paso crucial en la lucha por la seguridad de los habitantes de Tierra Caliente, quienes han enfrentado durante años el abandono gubernamental en medio de la violencia.