El Congreso de Michoacán ha dado luz verde al proceso de juicio político en contra de la presidenta municipal de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón, de Movimiento Ciudadano (MC), tras una denuncia presentada por un ciudadano cuya identidad se mantiene en el anonimato.

En sesión pública, la 76 Legislatura avaló la procedencia del juicio con 22 votos a favor, uno en contra—emitido por la diputada Grecia Aguilar Mercado, de MC—y 17 ausencias. Ahora, el caso será analizado por la Comisión Jurisdiccional, instancia que determinará si existen elementos suficientes para sancionar a la edil, lo que podría derivar en su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La decisión del Congreso se sustenta en el artículo 108 de la Constitución de Michoacán, el cual establece que los servidores públicos pueden ser sometidos a juicio político cuando sus acciones u omisiones afecten gravemente el interés público. En este sentido, si se comprueba que la alcaldesa incurrió en faltas graves, podría enfrentar severas consecuencias.

Asimismo, el proceso se ampara en la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado, particularmente en su artículo 30, fracción quinta, donde se detallan conductas consideradas como faltas graves, entre ellas el abuso de poder, la omisión de deberes y los actos de corrupción. El artículo 32 de la misma ley confirma que los presidentes municipales pueden ser sujetos a juicio político, lo que validó la viabilidad del proceso contra Ávila Castrejón.

El trámite legislativo siguió los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, específicamente en sus artículos 62, 63 y 64, los cuales regulan los pasos a seguir ante una denuncia de este tipo. Primero, la denuncia fue analizada por las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, que determinaron su procedencia. Posteriormente, el dictamen se presentó ante el pleno del Congreso, donde fue aprobado en votación nominal.

Otro punto clave en el proceso es el artículo 208 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán, que establece las responsabilidades y obligaciones de los presidentes municipales. Si se determina que la alcaldesa incumplió con sus deberes, las sanciones podrían ser contundentes.

Este juicio político marca un precedente en la fiscalización de los gobiernos municipales y abre el debate sobre la aplicación de este mecanismo para exigir rendición de cuentas a los alcaldes en Michoacán. Mientras tanto, Ávila Castrejón enfrenta un escenario incierto, luego de que en diciembre pasado su administración generara polémica tras agradecer públicamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la entrega de regalos de Día de Reyes.

El Congreso de Michoacán ahora deberá garantizar que el proceso se lleve a cabo con apego a la legalidad y respeto a las garantías procesales de la acusada.