El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha firmado un paquete de reformas en materia de obligaciones alimentarias con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los deberes de los deudores alimentarios en cuanto a la alimentación, desarrollo físico, educación y atención psicológica de sus hijos e hijas. Esta propuesta, que será enviada al Congreso local para su análisis y discusión, propone modificar 50 artículos de 13 leyes y dos códigos, con el fin de imponer sanciones más estrictas a quienes incumplan con sus responsabilidades.

De acuerdo con la reforma, los deudores alimentarios que no cumplan con sus obligaciones podrían enfrentarse a penas de prisión de 3 a 5 años, así como multas que oscilarían entre 100 y 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, se establece que los deudores no podrán ocupar cargos en el servicio público, ni tramitar o renovar permisos, concesiones de transporte, licencias de conducir, y se les informará a los contrayentes si alguno de los dos es deudor alimentario antes de contraer matrimonio.

Ramírez Bedolla subrayó que esta iniciativa coloca a Michoacán a la vanguardia, siendo la reforma más avanzada en el país, y destacó que responde a una conciencia civilizadora que rechaza los principios machistas y patriarcales, heredados de épocas pasadas. "No podemos avanzar con principios de la Edad Media y autoritarismo patriarcal", señaló el mandatario estatal.

Las reformas también incluyen el fortalecimiento de los mecanismos de exigibilidad, con procedimientos más ágiles para exigir a los deudores alimentarios que cumplan con sus responsabilidades. Además, se implementarán sanciones más severas para aquellos que, teniendo capacidad económica, no cumplan con sus deberes, y se garantizará la protección integral de la niñez, asegurando el acceso a alimentos, atención médica, psicológica y educativa.

Ramírez Bedolla contextualizó la reforma al señalar que cinco de cada diez niños y adolescentes no reciben pensión alimentaria después de un divorcio, y tres de cada cuatro hijos de padres separados enfrentan esta misma situación. En este sentido, destacó que la reforma representa un acto de justicia social para las mujeres que han defendido los derechos de sus hijos e hijas, asegurando que cuenten con igualdad de oportunidades.

Esta iniciativa marca un paso importante hacia la protección integral de la niñez en Michoacán, buscando erradicar las desigualdades y fortalecer el cumplimiento de las responsabilidades parentales en favor de los menores.