El gobierno municipal de Morelia destinará 60 millones 874 mil 874 pesos a la contratación de asesoría jurídica externa para procesos jurisdiccionales, a pesar de contar con una estructura legal interna capaz de atender estos casos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos 2025, el monto asignado para este rubro ha generado controversia, considerando que la administración municipal ya dispone de direcciones especializadas en temas legales dentro de su estructura.

La oficina legal de Alfonso Martínez
El gobierno de Alfonso Martínez Alcázar (PAN) cuenta con una Oficina del Abogado General compuesta por 13 profesionales, además de tres direcciones dedicadas a atender asuntos jurídicos laborales, administrativos, fiscales, civiles y penales. Estas áreas, según el Bando Municipal vigente, tienen la obligación de brindar asesoría y representación legal en diversos ámbitos de competencia del municipio.

A pesar de esto, el presupuesto para la contratación de servicios externos en esta área supera los 60 millones de pesos, lo que deja entrever una posible duplicidad de funciones y plantea la necesidad de reconsiderar si este gasto podría haberse evitado optimizando el uso de los recursos internos disponibles.

Otros rubros en el presupuesto
El presupuesto también contempla recursos importantes para conceptos como arrendamiento de vehículos y edificios, mientras que sectores como salud y desarrollo social recibirán asignaciones mucho menores. Esta distribución de fondos refuerza las críticas sobre las prioridades del gobierno municipal, que parecen no alinearse con las necesidades urgentes de la población.

Reacciones de la oposición
Frente a esta situación, diversos actores políticos de oposición han demandado mayor transparencia en la ejecución del presupuesto y un análisis más detallado sobre la necesidad de contratar asesorías jurídicas externas.

La administración de Alfonso Martínez enfrentará el desafío de justificar este gasto ante la ciudadanía, que exige una mayor eficiencia y una mejor rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, especialmente en un contexto donde la optimización y austeridad son claves para el desarrollo de Morelia.