La falta de representación femenina indígena en el Poder Judicial de Michoacán pone de manifiesto las barreras estructurales que aún enfrentan los pueblos originarios, especialmente las mujeres, en el acceso a la justicia. Así lo destacó Alma Liliana Ramírez Ramos, abogada indígena originaria de Cherán, quien señaló que no existe ningún registro de una mujer indígena que haya alcanzado un cargo como jueza o magistrada en el estado. Esta situación plantea serias dudas sobre las oportunidades reales de inclusión en el sistema judicial.

En entrevista con Quadratín, Ramírez Ramos comentó que la reciente reforma judicial podría ser clave para revertir esta tendencia, ya que ofrece la posibilidad de abrir espacios que históricamente han estado fuera del alcance de las comunidades indígenas. De acuerdo con la abogada, la reforma representa una oportunidad crucial para hacer frente a las dificultades que enfrentan las mujeres indígenas dentro del sistema judicial.

Licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con una maestría en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho, Alma Liliana Ramírez es una de las mujeres indígenas que busca transformar el sistema judicial. Con más de diez años de experiencia en el ámbito jurídico, ha trabajado en diversas áreas como derecho administrativo, justicia electoral y derechos humanos, siempre con un enfoque en la inclusión y la justicia social.

En la actualidad, se desempeña como secretaria de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, impulsando la resolución de conflictos desde una perspectiva de derechos humanos. Además, su carrera incluye su paso por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), donde implementó estrategias innovadoras para la protección del consumidor en el comercio electrónico y la regulación sanitaria. También coordinó la Clínica de Litigio Estratégico de Derechos Humanos de la Universidad Michoacana, en la cual desarrolló criterios jurídicos para defender a grupos vulnerables, como la protección de la salud, la lucha contra la discriminación laboral y los derechos de los matrimonios igualitarios.

Ramírez Ramos subrayó que la ausencia de juezas indígenas no es únicamente el resultado de discriminación directa, sino también de la falta de oportunidades y la escasa visibilidad de las mujeres indígenas en la carrera judicial. En este sentido, destacó la importancia de que tanto el Poder Judicial como la sociedad en general cultiven una sensibilidad que permita reconocer y respaldar la participación de estas mujeres en la toma de decisiones judiciales.

Para la abogada, el proceso de selección de jueces y magistrados, que alcanzará su punto culminante en junio de este año, representa una oportunidad única para que Michoacán empiece a corregir una deuda histórica con las comunidades indígenas. Remarcó que es fundamental que las mujeres indígenas se postulen y participen activamente en estos procesos, con la esperanza de que las reformas judiciales generen condiciones más inclusivas en el sistema judicial del estado.

Finalmente, Ramírez Ramos enfatizó que el reto radica en garantizar que los procedimientos de selección sean transparentes y justos, permitiendo la incorporación de perfiles diversos que reflejen la pluralidad cultural de México. En su opinión, Michoacán tiene la responsabilidad de construir un sistema judicial más inclusivo, en el que las mujeres indígenas jueguen un papel clave en la impartición de justicia y en la resolución de conflictos, de manera más cercana a las necesidades de sus comunidades.