MORELIA, Mich., 24 de junio de 2024.- El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) en Michoacán, Jorge Alberto Zamacona Madrigal, señaló que en el proceso electoral 2023-2024 hubo acciones de fraude a la ley por actores políticos y también eventos de inseguridad en desmedro de derechos político electorales. En el marco de la sesión de conclusión formal de los trabajos del Consejo Local, Zamacona Madrigal señaló que el INE cumplió con su parte y en lo que le corresponde garantizó legalidad, pero subrayó que no puede abarcar responsabilidades que corresponden a otras autoridades. Fraude a ley e inseguridad en comicios 2024: consejero de INE Michoacán ℹ️. https://t.co/fRW2s46dPy pic.twitter.com/lhZCv9T0FB— Quadratín Michoacán (@Quadratin_) June 25, 2024 Señaló que el Poder Legislativo tiene como asignatura pendiente el llevar a cabo reformas al marco electoral. Sin precisar, dijo que tales reformas tienen que ver con “cuestiones” que en la contienda ejecutada el 2 de junio se observaron como “focos de atención”. “Tanto para las autoridades administrativas como jurisdiccionales en materia electoral, a fin de evitar entre otras cuestiones el fraude a la ley de varios actores políticos incurrieron en el actual proceso comicial (sic), en detrimento de grupos sociales históricamente vulnerados”, dijo. Asimismo, señaló que el proceso electoral estuvo marcado por la inseguridad en Michoacán, situación que no sólo llevó a precandidatos a desistir de sus aspiraciones, sino también resultó en atentados y en la muerte de algunos, además de que la situación disuadió a electores de ejercer su derecho al voto. “En este proceso electoral hubo candidatos que perdieron la vida o al menos sufrieron atentados otros más se vieron obligados a renunciar a sus legítimas aspiraciones políticas, ciudadanos que por falta de seguridad no asistieron con la plena libertad para salir a ejercer su voto entre otras cuestiones”, expresó. Zamacona Madrigal aseguró que “el INE cumplió y cumplió bien”, pero recordó que su responsabilidad se limita a organizar procesos electorales libres, auténticos y confiables para garantizar el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía, y contribuir al desarrollo de la vida democrática de México.