Un total del 70 servidores públicos aparecen en el padrón de inhabilitados o sancionados de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en donde sobresalen los nombres de la exsecretarios de finanzas del Estado Marcela Figueroa Aguilar, Miguel López Miranda y Mirella Guzmán Rosas.

Marcela Figueroa Aguilar fue secretaria de finanzas en el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa y su inhabilitación es por siete años derivados de tres expedientes: DRSP-PAR-25/2016, JA0306/2017-III, DRSP-PAR-290/2015, y DRSP-PAR-275/2015 del que se derivó el JA-0515/2017-III.

Por lo que toca a Miguel López Miranda, quien fungió como secretario de Finanzas en el gobierno de Salvador Jara Guerrero, la inhabilitación es por ocho años y proviene del proceso contenido en el expediente número DNR-PAR-196/2016 JA0307/2017-I.

En cuando a Mirella Guzmán Rosas, secretaria de Finanzas en la administración de Leonel Godoy Rangel, es la carpeta DRSP-PAR-109/2014 de la que derivó el caso JA-0272/2017-I, la que sustenta la inhabilitación por seis años que le fue aplicada.

También está el caso de la subsecretaria de finanzas en el gobierno godoyista, Guadalupe Maciel Camacho, inhabilitada por seis y dos años en dos procesos instaurados en su contra.

El exsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el godoyismo, Desiderio Camacho Garibo es otro de los nombres en el listado, con una inhabilitación por seis años que empezaron a correr en 2017.

Hay exdirectores de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas que también han sido inhabilitados, tal es el caso de Alan Martín Martínez Marroquin (gobierno de Fausto Vallejo) por dos años, y Armando Díaz Malpica por seis (del godoyismo).

Asimismo en el listado aparece Alberto Lozano Ortiz, quien fungió como director general del Instituto de Vivienda del Estado en el gobierno vallejista, inhabilitado por dos años.

Otros exfuncionarios del vallejismo inhabilitados son Crispín Cornejo García, que fue director del Centro de Capacitación para el Trabajo “José María Morelos”, sancionado por dos años; y Elías Miguel Meneses Nava, exdirector del Hospital General de Lázaro Cárdenas, sancionado por seis años.

Guillermo Ruiz Aguilera, que se desempeñó como director General de Tecnologías de la Información, tiene una inhabilitación por diez años.

De acuerdo con Francisco Huego Maurín, titular de la Secretaría de la Contraloría, la dependencia tiene instaurados procesos resarcitorios por mil millones de pesos, a funcionarios que no han cumplido.

En cuanto al monto de recursos recuperado refiere que son 870 millones de pesos que tendrían que ver con casos de peculado, “es donde ya estamos solicitando los embargos o los créditos fiscales correspondientes y entiendo que la Secretaría de Finanzas inició ya los procesos de embargo y la revisión en el Registro Público para poder identificar las propiedades de los servicios públicos”.