Pues con la novedad de que El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ordenó a los bancos a entregar datos de contacto que tengan de sus cuentahabientes, pero esto no fue todo, a las  telefónicas, empresas de servicio de suministro de energía y casas de bolsa, les pidió que les compartan la información de sus usuarios relacionada con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) o bien de la CURP.

En la resolución miscelánea fiscal 2020 que emitió el recaudador de impuestos se establece que las instituciones financieras en México deberán proporcionar el nombre completo de su cliente junto con RFC y domicilio fiscal, así que más claro no puede ser, se trata de un completo control de quienes manejen dinero en las instituciones financieras, y claro, como ustedes ya lo leyeron, se trata de conocer El Registro Federal de Contribuyentes de cada usuario y de la Clave Única de Registro de Población, mejor conocida como la CURP.

La CURP como ustedes saben es un código alfanumérico único de identidad de 18 caracteres utilizado para identificar oficialmente tanto a residentes como a ciudadanos mexicanos de todo el país.

Y si ustedes se acuerdan hace unas semanas se dio a conocer que había problemas para extender las CURPs, de las personas que la solicitaban, se especularon muchas cosas, pero luego un funcionario de gobernación salió a decir que se estaba haciendo una depuración, porque había personas que tenían dos o más CURP, y que de esta manera funcionaban, proporcionando a veces una y a veces otra. Por otra parte, actualmente como los contadores saben, y también los contribuyentes, la CURP es indispensable para manejar declaraciones de impuestos, para llevar un registro en empresas, escuelas, afiliación en los servicios de salud, solicitud de pasaportes y otras dependencias gubernamentales…así que luego de conocer el motivo de la depuración, ya ustedes pueden intuir para dónde se encaminan las nuevas acciones del SAT.

En cuanto al Secreto bancario. En las disposiciones generales de la resolución miscelánea, se establece que para efectos del artículo 32-B fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación (CFF), se entiende que la solicitud de información que se realice conforme al citado precepto legal, constituye una excepción al procedimiento establecido en el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Dicho artículo señala entre las excepciones para guardar el secreto bancario, cuando autoridades hacendarias requieran información a bancos para fines fiscales, o para que se entienda mejor, cuando la autoridad del SAT, le pida datos de un usuario de la banca a una determinada institución bancaria o financiera, ya no se considerara algo ilegal, o prohibitivo, se tendrá que dar.

Al respecto y para ampliar esta información, funcionarios del SAT comentaron detalles de esta disposición durante el chat que se organizó para explicar las novedades fiscales para el ejercicio de 2020.

Rodrigo Rivera Mendoza, del área jurídica de la administración central de Servicios al Contribuyente, refirió que se modificó el artículo 32-B del CFF.

Lo anterior, para señalar que las instituciones financieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo estarán obligadas a obtener de cuentahabientes los datos relativos a correo electrónico, número de teléfono o algún otro medio de contacto electrónico que a efecto determine el SAT por medio de reglas de carácter general.

Si el cuentahabiente no tiene registro fiscal, en la regla miscelánea fiscal 2.12.5, sobre inscripción en el RFC de cuentahabientes por verificación de datos obtenidos de las instituciones del sistema financiero, se establece lo siguiente:

"En el caso de que los cuentahabientes no tengan clave en el RFC, el SAT podrá llevar a cabo su inscripción en el citado registro, en caso de contar con los datos suficientes para realizar dicha inscripción y como facilidad administrativa".

El registro en el padrón de contribuyentes se efectuará sin la asignación de obligaciones periódicas o de un régimen específico, ya que ellos deberán acudirán a alguna oficina del SAT.

Una vez que las instituciones financieras reciban el resultado de la inscripción de las claves en el RFC por parte del SAT, deberán actualizar sus bases de datos y sistemas con la información del fisco.

O sea, para aclarar el punto informativo de este comentario, con los datos que por obligación, otorgue el usuario de servicios financieros a la institución en donde opere, dicha institución dará a su vez la información al SAT (Sistema de Administración Tributaria) y aun sin el consentimiento de estos clientes del sistema bancario, la Secretaría de Hacienda, por medio del SAT, los registrará como contribuyentes, y listo, a pagar impuestos que probablemente no cubrían, y a inscribirse en el régimen que ellos crean que es el conveniente, eso dice Hacienda.

Así que les repito que estamos en la antesala del fin del secreto bancario, pero como probablemente no se ha explicado que es el llevado y traído secreto  bancario, les ampliaré que el

secreto bancario es aquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones públicas, de no revelar los datos bancarios e información privada de sus clientes.

El secreto bancario es un caso concreto de secreto profesional, es decir, de no divulgación de información a la que se ha tenido acceso en el ejercicio de una determinada profesión a terceras personas.

En el caso del ámbito bancario, al referirse al secreto lo que se pretende señalar es la imposibilidad de facilitar a otras personas ajenas a la relación datos sobre clientes de las Entidades de crédito (números de cuenta, saldos, etc.).

Por ejemplo: Piénsese en un trabajador de un Banco o Caja que comentase a terceros la situación patrimonial de insolvencia de uno de sus clientes o sus saldos en descubierto. Si ello fuese conocido por el cliente afectado por un comportamiento tan poco diligente, éste podría exigir alguna responsabilidad a la Entidad por la vía legal

El secreto bancario consiste en la protección que los bancos e instituciones financieras deben otorgar a la información relativa a los depósitos y captaciones de cualquier naturaleza, que reciban de sus clientes. Se entiende que esta información es parte de la privacidad de los clientes del sistema financiero. Si no existiera esta norma, cualquier persona podría solicitar en un banco, por ejemplo, información sobre los movimientos de las cuentas de otra persona. Sin embargo, dependiendo del país o reino, las respectivas constituciones o decretos reales indican las normativas legales a fin de combatir los diferentes hechos ilícitos bajo los cuales se amparan para delinquir tanto empresas como personas, e incluso otros gobiernos.

Algunos gobiernos consideran el secreto bancario como uno de los instrumentos principales del mercado negro y del crimen organizado. Por contra, otros gobiernos lo equiparan al secreto médico, e instan al Estado a respetar absolutamente esa esfera privada.

En 2014 diferentes países acordaron un intercambio automático de información financiera y fiscal que impulsó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el cual es un protocolo obliga a partir de 2018 a intercambiar los datos bancarios con el centenar de países que lo han suscrito. A raíz de ello varios países fueron derogando el secreto bancario, pero bueno, pronto esto